Por: Redacción/

Académicos, funcionarios, sociedad civil y especialistas llegaron a una coincidencia: la corrupción no se ha podido erradicar en ninguna entidad del mundo. Sin embargo, la instauración del Sistema Local Anticorrupción permitirá a la Ciudad de México avanzar de manera importante en disminuir al máximo posible los actos de corrupción que aquejan a los habitantes de la capital.

Durante su participación en el Foro “Sistema Anticorrupción: retos, perspectivas y experiencias”, también coincidieron en que es una obligación de instituciones, gobierno y funcionarios emprender acciones contra la corrupción, pero destacaron que la intervención de los ciudadanos constituye una pieza clave para avanzar y que México deje de ser el país peor evaluado por la OCDE en la materia y deje de ocupar el lugar 138 de 180 países en percepción de transparencia.

El diputado Carlos Castillo Pérez, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, destacó durante la inauguración del foro la relevancia del mismo, ya que, dijo, después de muchos años la Ciudad de México le está dando la importancia que requiere el combate a la corrupción. “Este tipo de eventos dan la pauta, la prioridad y la importancia de quienes ahora estamos frente a la toma de decisiones, además de que estamos a tres semanas y un mes de poder constituir el Sistema Local Anticorrupción”.

El legislador destacó el compromiso del Congreso de la Ciudad de México para atender el tema. “Tenemos un compromiso con la ciudad para contar con un sistema fuerte que nos permita revertir la corrupción y la inseguridad, que son los temas que más resienten los ciudadanos”, aseguró durante el foro, organizado conjuntamente por el Congreso de la Ciudad de México y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX).

El diputado Castillo Pérez comentó las tareas legislativas que el Congreso ha realizado en este tema: primero, explicó, se llevó a cabo la armonización del marco legal y La Ley de Transparencia, con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información. Luego, dijo, se agregó el tema de austeridad, con la premisa de que ningún funcionario público de la Ciudad de México puede ganar más que la titular de la Jefatura de Gobierno.

También indicó que se puso en marcha la Ley de la Auditoría y Control Interno, la Ley de Fiscalización Superior, además de que se realizaron los nombramientos del titular de la Contraloría y los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC), el nombramiento de la Comisión de Selección del Sistema Local Anticorrupción, así como la modificación de algunas leyes con el propósito de que a finales de septiembre se pueda instaurar el sistema local.

Por su parte, Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del InfoCDMX, indicó que este foro debe enviar un mensaje contundente de la capital del país a todas las entidades federativas respecto al compromiso y la voluntad democrática, constitucional y política de la Ciudad de México para combatir la corrupción.

“El sistema local anticorrupción intenta ser una solución ante el problema de la corrupción en México, un sistema que busca mantener una coordinación estrecha y efectiva de las instituciones que ya existían y las que se están instaurando, pero, además, se instala a la sociedad civil como pieza clave, ya que este sistema es resultado del proceso de protesta y de lucha social”, aseguró Bonilla Gutiérrez durante su intervención en el foro, realizado en el Museo de la Ciudad de México.

Bonilla Gutiérrez comentó que hace 18 años el Índice de Percepción de Corrupción a nivel internacional nos ubicaba en la posición 51 y ahora México se encuentra en el sitio 138 de 180 países, además de ser la nación peor evaluada por la OCDE en la materia.

También mencionó que el Banco Mundial ha señalado que los actos de corrupción entre 2001 y 2018 representaron entre 9 y 10 por ciento del PIB, lo que significa que de cada 100 dólares, 10 fueron destinados a actos de corrupción, “cuando se pudieron haber invertido en el desarrollo económico, cultural y educativo de México; de ahí la importancia de instaurar el sistema nacional y local anticorrupción”.

Pidió tener presente un hecho fundamental: “No se nos olvide que somos la capital del país, el motor que nos exige acabar y combatir la corrupción. Es importante señalar que ningún país ha logrado aniquilar este flagelo. De lo que se trata es de ir desdibujando las fuerzas regresivas que han promovido estas acciones con acciones contundentes”, aseguró el consejero presidente del InfoCDMX.

Indicó que la corrupción no sólo abarca a las instituciones sino también a la sociedad, “por eso se debe atacar desde la dimensión institucional y social”.

El comisionado del InfoCDMX mantuvo que “los habitantes de la capital tenemos la oportunidad de hacer realidad” lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad. “La aspiración del Sistema Local Anticorrupción es convertirnos en un modelo en todo el país”, pero para conseguirlo “necesitamos la participación ciudadana; no todo lo pueden realizar las instituciones”. Requerimos, insistió, de la participación decidida de periodistas, academia, estudiantes, sociedad civil, empresarios, redes sociales; “las acciones coordinadas deben fortalecerse cuando ataquemos a la corrupción”.

Por su parte, Héctor Villegas Sandoval, titular de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, reconoció que el sistema local va un poco desfasado en relación con lo que se ha realizado a nivel nacional, pero “se da en el momento preciso, ya que antes no se tenían las condiciones necesarias para su instauración”

Villegas Sandoval destacó la importancia de avanzar en el tema, pero advirtió que debe evitarse que los mecanismos anticorrupción “no obstaculicen la labor del gobierno”. Hay que tener cuidado, insistió, en que “estos instrumentos no terminen siendo un estorbo que retrase los procesos y la labor gubernamental”.

Finalmente, el consejero jurídico aseguró que uno de los principales temas del país es la corrupción. “Entendemos que no vamos avanzar si no atacamos frontalmente la corrupción. Sabemos que no podremos acabarla, pero si reducirla al mínimo”.

Desde el punto de vista de la academia, el jurista Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad Derecho de la UNAM, indicó que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción es una demostración del momento crítico que vive el país y lamentó que en múltiples ocasiones se realicen reformas constitucionales y leyes con consensos de todos los partidarios, “pero no reciban el impulso ni el presupuesto adecuado para ponerlos en marcha”.

“La cifras que escuchamos respecto a los avances del Sistema Nacional nos preocupan. Sin embargo, nos da un respiro saber que estamos trabajando. El combate a la corrupción es una de las preocupaciones ciudadanas expresadas en las pasadas elecciones. No podemos resignarnos a colocarnos en los últimos lugares de combate a la corrupción”, aseguró Raúl Contreras Bustamante.

Rosa María Cruz Lesbros, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA, expresó su confianza en este mecanismo, ya que, indicó, será pieza clave para conformar y consolidar un sistema anticorrupción fuerte, con instituciones adecuadas.

“Confiamos en que este foro nos permita tener claridad de hacia dónde va el sistema local anticorrupción. Es indispensable contar con los perfiles indicados, las instituciones adecuadas y que exista la coordinación con el sistema nacional”, indicó Cruz Lesbros.

En tanto, José Octavio López Presa, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, indicó que con este evento se inician formalmente los diálogos para construir el Sistema Local Anticorrupción de la ciudad, “una pieza que faltaba. Carecíamos de este instrumento y ahora sé que estamos dando los pasos apropiados para tener un sistema único”.

López Presa aseguró que este sistema debe sostenerse en principios indispensables como que las instituciones de impartición de justicia sean verdaderamente imparciales y profesionales.

Informó que a partir del Comité de Participación Ciudadana se instaurará un sistema que permita tener un indicador de qué tan imparcial, profesional e independiente son, por ejemplo, las fiscalías de los estados y los órganos de transparencia.

“Tenemos que ser multifactoriales en el combate a la corrupción, garantizar que las instituciones hagan su trabajo, pero también tenemos que ver qué está pasando con empresarios y profesionistas. Por ello estamos lanzando plataformas de estándares éticos para abogados, estudiantes y profesores”.

Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), indicó que la ubicación de México en el lugar 138 de 180 países en materia de transparencia y combate a la corrupción es muestra clara de que el problema del mal uso del poder para obtener beneficios continúa, lo que representa que el país tiene serios problemas sistémicos y estructurales.

Dijo que el combate a la corrupción debe unir esfuerzos de instituciones y ciudadanos, con la finalidad de alcanzar un funcionamiento armónico que permita erradicar las prácticas del uso indebido de recursos públicos.

La comisionada del Inai destacó que una de las herramientas más efectivas del combate a la corrupción es la transparencia; “es vital acercar la información a la ciudadanía, que el gobierno rinda cuentas, que sea confiable y se sancionen las prácticas indebidas de las autoridades”.

Desde la perspectiva del ámbito judicial, Mariana Moranchel Pocaterra, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, aseguró que el costo de la corrupción ha disminuido el Estado de Derecho y, por ende, la propia democracia. “Un Estado democrático debe garantizar la protección de los derechos fundamentales y la labor de los servidores públicos de mantener el bienestar social. Cuando por corrupción se transgreden estos principios y se deja de mantener la estabilidad de la sociedad, estamos atentando contra la democracia”.

Al hablar de los costos de la corrupción indicó que uno de los aspectos fundamentales es el impacto en el PIB; “es un obstáculo a la productividad, la inversión y el crecimiento del país. La corrupción nos cuesta casi 500 mil millones de pesos”.

En cuanto a costos políticos, Moranchel Pocaterra destacó el descontento generalizado de la sociedad hacia la democracia, lo que nos coloca en el primer lugar de percepción de corrupción de la OCDE. Respecto a los impactos sociales, detalló que en 2017 los hogares mexicanos destinaron hasta 14 por ciento de sus ingresos a la corrupción.

Por ello, en opinión de Moranchel Pocaterra uno de los retos más grandes es combatir la impunidad y la visión que tiene ciudadanía al respecto. “Si bien no se logrará erradicar, es necesario agilizar, transparentar y hacer efectiva la investigación, así como mejorar los procesos de alerta de la corrupción”.

Finalmente, Araceli Mejía Escobar, representante de la Secretaría de Gobernación, aseguró una de las tareas fundamentales en el combate a la corrupción es tener una visión de derechos humanos y no transgredir los derechos fundamentales.

“La integración del SNA representa un avance para erradicar este fenómeno. Es indispensable fortalecer la gobernabilidad, garantizar el acceso a la información, la transparencia, fortalecer los órganos de supervisión y las contralorías; recopilar, producir y analizar estadísticas en materia de derechos humanos, promover un ambiente propicio para denunciar actos de corrupción, así como garantizar la independencia de los medios de comunicación”, aseguró la funcionaria.