Por: Redacción

La diputada Araceli Damián González (Morena) afirmó que el Sistema de Seguridad Social del país no cubre el mínimo óptimo que garantice la inclusión de todos los sectores, ya que sus ordenamientos jurídicos fueron concebidos con un modelo de familia tradicional.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Social denunció que en la actualidad no se ha logrado la completa incorporación de los derechos como vivienda, salud, guarderías, a los nuevos modelos de integración de familias, es decir, las conformadas por dos personas del mismo sexo.

Durante el foro: “Los Derechos Humanos y la Seguridad Social”, subrayó que las leyes fueron diseñadas con un modelo de familia donde existía un proveedor masculino, al cual se le otorgaban estas prestaciones para que, a su vez, incorporara a su familia.

Sin embargo, hoy más mujeres trabajan y ahora existen núcleos parentales distintos, por lo que se requiere que el sistema se modifique a fin de que garantice la atención a los diversos sectores sociales.

Damián González afirmó que el derecho a la seguridad social se está convirtiendo en el derecho a la vida, “no nada más para la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI), sino en general para la población y es un proceso cada vez más restrictivo y más encaminado a la privatización de los servicios”.

Añadió que las conclusiones del foro constituirán un insumo para modificar la ley en materia de seguridad social y lograr el otorgamiento igualitario de esas prestaciones, independientemente del género y la orientación sexual de las personas, como que el acceso a guarderías sea indistinto para hombres y mujeres o que los viudos puedan heredar sin presentar la carta de dependencia económica.

A su vez, el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (Morena) señaló que este foro ayudará a responder las demandas de la sociedad en lo que se refiere al derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a un trato digno. “Debemos marcar un precedente en la Legislatura independientemente de ideologías y filiaciones partidistas”.

Llamó a combatir la discriminación, la corrupción, y a abogar por la salud, el trabajo, por una atención jurídica pronta y expedita en la justicia y la equidad de género. “Debemos crear una nueva corriente de pensamiento donde se prioricen los bienes jurídicos sobre los materiales, la justicia, la fraternidad y el respeto sobre el capitalismo”.

Por su parte, el diputado Sergio René Cancino Barffuson (Morena) refirió que la seguridad social requiere una visión amplia y apegada al pleno respeto de los derechos humanos, pues esto contribuirá a que accedan a sus beneficios todos los sectores sociales tales como las Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI)

Recordó que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en casos de crímenes de odio por homofobia, lo cual es reflejo de la desatención, desde el gobierno Federal y estatales, de los lineamientos internacionales para erradicar la violencia y la discriminación a este sector, y de lo establecido en el artículo primero de la Constitución, el cual establece la prohibición de la discriminación.

Por ello, propuso tipificar el delito de odio, homofobia y violencia generalizada que atenta con la vida de todos; armonizar las legislaturas locales para impedir la inconstitucionalidad de la libertad, igualdad y seguridad social de esta comunidad, así como ampliar los derechos correspondientes a esta población.

En la mesa de discusión sobre Derechos Humanos y Discriminación en el Sistema de Seguridad Social, Francisco Javier Conde, director del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, señaló que es necesario generar planes alternativos de bajo costo para ofrecer una cobertura a los excluidos de seguridad social, a la comunidad LGBTI, aunque el objetivo debería ser integrarlos en los planes ordinarios.

Consideró que el acceso a la seguridad social debe tener un enfoque transversal, de igualdad y no discriminación que reconozca expresamente este derecho y garantizarlo en todo momento, ya que la discriminación agrava la vulnerabilidad de las personas que pertenecen a varios grupos.

La directora de Estudios y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Mireya Del Pino Pacheco, refirió que esta dependencia recibió de 2011 a febrero de 2016, 78 quejas por discriminación en relación con el derecho a la seguridad social; 34 fueron por preferencia u orientación sexual e identidad de género, 18 por condiciones de salud, 10 por discapacidad; 9 por género, 4 por edad, dos por cualquier otra condición y una por estado civil.

Mencionó que esta dependencia documentó la comisión de actos discriminatorios del IMSS y del ISSSTE en el ejercicio del derecho a la igualdad social: contra parejas del mismo sexo con matrimonio o relación de concubinato que pretendieron inscribir a su pareja a la seguridad social y se les denegó; y contra hombres trabajadores que buscaron inscribir a sus hijos a estancias infantiles y guarderías.

Subrayó que en los casos que dieron origen a estas resoluciones se observa que tanto la normatividad como la interpretación de la misma ha generado actos de discriminación formal y directa, la cual se encuentra expresamente en algunas leyes como la del IMSS, en reglamentos, en circulares internos que están documentados de manera fehaciente y también en la resoluciones por disposición.

Por su parte, Ricardo Baruch Domínguez, del Centro de Investigación en Sistemas de Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública, refirió que la discriminación en los servicios de salud es un problema que recae principalmente en personas de la comunidad LGBTI; existe legislación para evitar tales hechos, pero persiste la exclusión, por ejemplo, hacia las parejas del mismo sexo.

Comentó que “hay muchas dependencias del gobierno federal donde ya existen protocolos específicos sobre cómo tratar a personas LGBTI, pero no en instituciones de salud. Subrayó la importancia de que toda esta comunidad tenga acceso a servicios de salud, ya que en esa población se concentra la mayor incidencia de VIH y enfermedades de transmisión sexual.

A su vez, el visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Gustavo Hernández Rivera manifestó que el derecho a la salud para personas con discapacidad no implica sólo igualdad jurídica, sino tomar en cuenta los requerimientos específicos de esa población y hacer realmente visible ese derecho. Hay leyes que no están armonizadas y que consideran aún a estas personas como incapaces para realizar su trabajo, aunque no sea así.

“Hay imposibilidades pero no funcionales, sino porque el entorno y la cultura no permiten un desarrollo pleno para ellos. No se debe considerar a una persona con alguna discapacidad como enfermo, sino con desventajas creadas por el ambiente que las rodea”, expresó.

Alhelí Ordoñez Especialista de Litigio Civil y Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos, dijo que para el reconocimiento a la identidad de género se necesita una reforma al Código Civil Federal que integre el reconocimiento a la misma como un procedimiento administrativo.

Agregó que actualmente las familias de la comunidad LGBTI no cuentan con los derechos de las prestaciones de seguridad social, por lo cual es fundamental que estas instituciones de salud se consideren los nuevos modelos parentales, es decir, los matrimonios del mismo sexo.