Por: Redacción/

Una compleja red de instituciones y organismos de diversos niveles conforma el sistema de seguridad social de México, con competencias y responsabilidades también variadas cuyo diseño resultó de las reformas jurídicas y el contexto económico, sostiene el doctor Jorge Culebro Moreno, profesor-investigador de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el libro Visiones críticas frente a la crisis neoliberal el profesor del Departamento de Estudios Institucionales destaca que se trata de una estructura basada en un esquema heterogéneo y fragmentado en el que coexisten los sectores público y privado, tanto para las pensiones como para los servicios de salud.

En el caso del personal que labora para el Estado ha habido una intervención gradual por parte de la federación, como se observa en 15 entidades, que representan 48 por ciento del país en las que se mantiene el control total de la gestión de las prestaciones de los trabajadores y cuentan con un Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) creado exclusivamente para atender y administrar ese rubro.

En otras nueve entidades se maneja sólo el fondo de pensiones a través de un órgano desconcentrado, dejando al ISSSTE la proporción de los servicios médicos, en tanto que Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí operan un régimen fragmentado, con la intervención de un organismo descentralizado o desconcentrado sobre pensiones.

La seguridad social comprende un instrumento de gobernanza que depende en gran medida del contexto institucional dentro del cual funciona y refleja el desarrollo del Estado y las características de la sociedad, pero son los factores históricos y políticos los que definen el tipo y el diseño de los programas, señala en el artículo Gobernanza en los Estados de bienestar social. Los sistemas de salud en México y Latinoamérica.

El concepto ha evolucionado con el tiempo, aunque siempre ha girado en torno a la protección de ciertos riesgos para una población; por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo define como el resguardo a la sociedad contra contingencias derivadas de la pérdida de ingresos por motivos diversos.

Los orígenes de los regímenes del tipo pueden ubicarse desde mucho antes de la Primera Guerra Mundial, a partir de los primeros procesos de industrialización en la Europa del siglo XIX en la búsqueda de soluciones colectivas a problemas sociales para grandes sectores de la población; Reino Unido y Alemania fueron los primeros países en instituir estos sistemas.

Sin embargo, fue con la creación de la Organización Mundial del Trabajo en 1919 cuando inició el periodo de internacionalización de la seguridad social y desde entonces muchas naciones han llevado a cabo procesos de transformación institucional y reformas encaminadas a transformar el funcionamiento y la operación del sector público, ya sea para mejorar el otorgamiento de los servicios o para generar una nueva relación entre el Estado y el ciudadano.

Las innovaciones a los esquemas de bienestar social han estado inspiradas en los modelos de la nueva gestión pública, enfocada en atender la protección y la cobertura de los servicios de salud, el seguro de desempleo y los regímenes de pensiones a partir de los principios de la economía neoliberal.

En México y América Latina la evolución de los esquemas de seguridad social se ha visto marcada por una gran estratificación y división de grupos de la población, beneficiando en la mayoría de los casos a aquellos sectores que se encuentran dentro de la economía formal, aseguró el doctor en Política por la Universidad de Bergen, Noruega.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) todavía hacen falta muchos aspectos y retos por alcanzar en esa área en América Latina, donde la precariedad de los trabajos vislumbra un futuro en el que gran parte de los habitantes tendrá que recurrir a otras fuentes de ingresos para cubrir su pensión.