Por: Redacción 

El presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, Daniel Ávila Ruiz, presentó varias denuncias ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), por el presunto desvío de recursos públicos e irregularidades administrativas por parte de Juan Pablo Guillermo Molina, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo; y José Luis Carlos Santos Ramírez, ex titular de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán por la adquisición ilegal de mil hectáreas del Ejido de Ulila, Ucu, Yucatán.

En conferencia de prensa, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), agregó que también se tiene que investigar por los delitos de enriquecimiento ilícito y/o lavado de dinero a los ciudadanos Manuel Alberto Guillermo Molina; Antonino Cascio González; Alfonso Herrera García y Denalí De Lourdes Cetina González; posesionaros de tierras ejidales del poblado de Ulila, municipio de Ucu, Yucatán, que estaban resguardadas por el ejido de Hunucmá, Yucatán.

Ávila Ruiz explicó que durante la pasada Asamblea realizada el 30 de septiembre de 2015, varias tierras ejidales que resguardaba el ejido de Hunucmá fueron entregadas de manera formal a sus legítimos dueños del ejido de Ulila, Ucu, Yucatán, sin embargosucedió que varias de esas tierras ejidales ya habían sido entregadas con antelación y de manera arbitraria e incluso inscritas en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Yucatán, a otras personas, entre las que se encuentra  Manuel Alberto Guillermo Molina, hermano de Juan Pablo Guillermo Molina, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.

Luego de realizar una investigación judicial se descubrió que Manuel Alberto Guillermo Molina, de 26 años de edad, es posesionario de terrenos ubicados en el poblado de Ulila, municipio de Ucu, Yucatán; también tiene terrenos en la localidad de Tixcuytun, municipio de Mérida, Yucatán, con un total de 783 tierras ejidales, con una extensión total de 191 hectáreas.

Asimismo, los ciudadanos Antonino Cascio González, con un total de 148 tablajes;Alfonso Herrera García, con un total de 19 tablajes; y Denalí De Lourdes Cetina González, con un total de 67 tablajes.

El senador yucateco señaló que Manuel Alberto Guillermo Molina,  es hermano de Juan Pablo Guillermo Molina, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo; y a su vez, Juan Pablo Guillermo Molina es actualmente suplente del Diputado Federal José Luis “Chanito” Toledo Medina, delfín y precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, de Roberto Borge Angulo, actual gobernador de esa entidad federativa, por lo que no podemos descartar que “posiblemente dichas hectáreas sean realmente de Roberto Borge Angulo, actual gobernador del Estado de Quintana Roo”.

Ante esta situación, se presentaron varias denuncias ante la ASF, a cargo de Juan Manuel Portal Martínez; el Órgano Interno de Control (OIC) del Registro Agrario Nacional (RAN), a cargo del licenciado Iván Alvarado Contreras; y ante la SFP a cargo de Virgilio Andrade.

El presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, senador Daniel Ávila pidió que se investiguen y se supervisen los documentos y hechosconforme a Ley, pero sobre todo se verifiquen los procesos entrega de los terrenos ejidales en posesión de las personas mencionadas.

“Es necesario que se lleve a cabo una investigación y realizar las indagatorias necesarias para saber si hubo la comisión de delitos o irregularidades administrativas o contraveniencia de la Ley en los procesos previos, durante o después de la asignación, entrega y/o venta de las referidas tierras ejidales, registro y expedición de títulos de propiedad de las mismas”, sostuvo  y de confirmarse dichas irregularidades o la comisión de algún delito como tráfico deÁvila Ruiz.

Asimismo, se nos debe informar al pueblo de Yucatán si además hubo tráfico de influencias, desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y/o lavado de dinero, así como determinar y fincar las responsabilidades a las personas físicas, personas morales o incluso a funcionarios públicos que resulten responsables; proceder a sancionarlos conforme a las leyes de la materia, y realizar las denuncias penales procedentes en contra de los presuntos responsables.

“No podemos quedarnos con los brazos cruzados ante el daño patrimonial de miles de familias de Ejido de Ulila, Ucu, Yucatán, se debe castigar a los malos funcionario públicos que intervinieron en esta injusticia”, finalizó el senador del Partido Acción Nacional por Yucatán.