• Senadores podrían contribuir a mejorar la estrategia de seguridad dando voz a las entidades federativas que representan

Por: Redacción/

Las facultades de control parlamentario sobre la estrategia de seguridad pública son un mandato constitucional surgido de la reforma política de 2014, mediante la cual se convirtió al Senado en un actor corresponsable en la definición, seguimiento y revisión de la política de seguridad pública, de acuerdo con un estudio elaborado por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

El documento titulado “Las facultades del Senado de la República en el seguimiento y control de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, señala que la polarización ha dificultado el aprovechamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública como lo que es desde el punto de vista constitucional y técnico, es decir, como un instrumento de política pública que puede y debe ser mejorado a través de la evaluación objetiva y escrupulosa del Senado, sustentada en los datos y la evidencia disponible.

El estudio del IBD apunta que la labor del Senado, más allá de censurar o respaldar la actuación del gobierno, debe orientarse hacia estudiar y afinar la política pública de seguridad, representando a las entidades que integran a la Federación en el reconocimiento de las acciones que están dando resultados y las que no, el análisis de los temas urgentes por resolver, así como en la formulación de recomendaciones.

Por otro lado, identifica algunas imprecisiones de la ley vigente que han dificultado el ejercicio de las facultades de control del Senado, como la falta de normas que establezcan las características mínimas que deben contemplarse en la elaboración de la estrategia de seguridad.

De acuerdo con la investigación, este vacío normativo es un problema no solo porque abre márgenes para la discrecionalidad y la improvisación, sino también porque dificulta las labores de control del Senado, al no contarse con parámetros establecidos en la ley que permitan verificar de manera objetiva e imparcial la calidad y viabilidad de la estrategia de seguridad elaborada e implementada por el gobierno.

Por último, la investigación apunta que la discusión sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública parece ser inevitable, pues el presidente de la República ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés de enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para trasladar a la Guardia Nacional a la SEDENA, con lo cual se modificaría uno de los pilares de la estrategia de seguridad vigente.