• Se le faculta para dirigir la educación náutica mercante y coordinar la implementación de acciones con las demás dependencias de la administración pública federal.

Por: Redacción/

El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la minuta, enviada por la Cámara de Diputados, que amplía las atribuciones de la Secretaría de Marina (Semar), a fin de formalizar su autoridad marítima nacional en costas, puertos, recintos e instalaciones portuarias, así como ampliar sus atribuciones en distintas funciones.

El proyecto de decreto, que reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y la de Puertos, fue avalado, en lo general, con 70 votos en pro, 26 en contra y cuatro abstenciones.

Los artículos reservados fueron aprobados en sus términos con 61 en favor, 31 en contra y dos abstenciones. El proyecto de decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Con estas modificaciones, la Semar podrá ejercer su autoridad, no sólo en zonas marinas mexicanas, sino también en costas, puertos, recintos portuarios, terminales marinas e instalaciones portuarias nacionales, y en su caso, en aguas nacionales donde se realicen actividades de su competencia.

Se le faculta para dirigir la educación náutica mercante y coordinar la implementación de acciones con las demás dependencias de la administración pública federal, a fin de cumplir las disposiciones nacionales e internacionales en materia marítima.

La reforma traslada facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Marina para regular las comunicaciones y transportes por agua, así como formular y conducir las políticas y programas para su desarrollo, de acuerdo con las necesidades del país.

También se le permite regular, promover y organizar a la marina mercante, además de establecer los requisitos para su personal técnico y conceder las licencias y autorizaciones respectivas.

Asimismo, la Secretaría de Marina podrá construir, reconstruir y conservar las obras marítimas portuarias y de dragado que requiera el país, o en su caso, autorizarlas cuando sobrepases sus capacidades técnicas y operativas.

Se le da la facultad de adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones y transportes por agua, mediante embarcaciones o artefactos navales.

De la misma manera, coordinará, en los puertos marítimos y fluviales, las actividades marítimas y portuarias, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente funcionamiento.

La Marina, además, administrará los puertos centralizados y coordinará los de la administración paraestatal y podrá otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios. También fijará las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes por agua, así como las tarifas para el cobro de los mismos.

Al presentar el dictamen, el senador Eruviel Ávila Villegas, presidente de la Comisión de Marina, aseguró que con este dictamen se dota a la Semar de las facultades necesarias para ejercer una responsabilidad que ya tiene, hoy en día, por ley: actuar como autoridad marítima nacional. Se trata, puntualizó, de un voto de confianza a la Secretaría de Marina.

Precisó que no se atenta contra la Constitución, pues sólo se migran algunas atribuciones de la SCT a la Secretaría de Marina, que tiene despacho de asuntos administrativos, y no a la Armada de México.

Posicionamientos de los Grupos Parlamentarios

La senadora Mónica Fernández Balboa, de Morena, precisó que se trata de una transferencia de facultades administrativas de la SCT a la Semar. Explicó que las atribuciones las ejercerá la Marina y no la Armada de México; no se modificará el régimen civil de la educación náutica; no se afectarán los derechos laborales del personal que sea transferido; permitirá la mejora regulatoria de los controles tarifarios en el sector marítimo nacional, y se logrará un control efectivo de las embarcaciones nacionales y extranjeras en zonas marítimas nacionales.

Julen Rementería del Puerto, senador del PAN, expresó: “no puede ser que simplemente vayamos camino a la militarización de absolutamente todo en este país”. De continuar así, advirtió, al rato se le encargará cualquier actividad a la Fuerza Armada Permanente, a la Marina o al Ejército con el falso estandarte del combate a la corrupción.

El senador Dante Delgado dijo que “en Movimiento Ciudadano entendemos la angustia del Presidente de la República ante el fracaso de su administración en diferentes campos de la vida pública nacional, lo que no podemos entender es su constante insistencia de trastocar el equilibrio del poder cívico-militar que le ha dado identidad y cimientos al Estado mexicano”.

Por el PVEM, la senadora Gabriela Benavides Cobos manifestó estar de acuerdo en que la Marina pueda atender la seguridad de los recintos portuarios y sus aduanas, con la finalidad de frenar los insumos de la delincuencia organizado con todas las armas y las drogas, no obstante, dijo, una cosa es asignar la función de seguridad y otra, asignar toda la productividad administrativa del puerto. Agregó que la administración de un puerto debe tener una visión mercantil social.

La senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del PT, dijo que se recuperarán recursos marítimos y portuarios, se ejercerá una autoridad marítima unificada y se mantendrá el Estado de derecho en zonas marinas. No implica la militarización de mares puertos y costas, precisó.

Del PRD, el senador Juan Manuel Fócil Pérez dijo que estas acciones que tomará la Marina en los puertos no son más que la formalización de una práctica que realizan, desde 1940 y que se reguló por un acuerdo en 2016. Sin embargo, aclaró que su bancada no respaldará que la Secretaría se haga cargo de la formación de los integrantes de la marina mercante.

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, sin grupo, afirmó que la reforma es un error de forma y fondo, porque se configuran decisiones, bajo un modelo de concentración de atribuciones. Aseguró que por esa vía se busca seguir avanzando en la militarización del país. Señaló que la reforma a la legislación reglamentaria no combate la corrupción ni facilita las actividades mercantiles y comerciales del país en sus aduanas marítimas.

Posteriormente, en la discusión en lo particular, senadoras y senadores del PAN, MC, PT y PRD propusieron reservas para modificar diversas disposiciones del dictamen; sin embargo, fueron desechadas por la mayoría de la Asamblea.