Por: Redacción/

La Ley de prohibición para la extracción de minería metálica en El Salvador representa un ejemplo de valentía, paciencia y fuerza colectiva ante los embates del extractivismo neoliberal en América Latina por grandes consorcios internacionales, señala Aleida Azamar Alonso, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La académica del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Casa abierta al tiempo precisó que la ley aprobada por la Asamblea Legislativa de esa nación centroamericana en 2017 detuvo todos los proyectos de las compañías del sector, principalmente canadienses, en sus diferentes fases de operación.

La participación social de organizaciones no gubernamentales, universidades públicas y movimientos ciudadanos que realizaron valoraciones ambientales, sociales y económicas para rechazar la minería en aquel país tuvo eco mundial gracias a que varios investigadores extranjeros dieron su apoyo a la comunidad, enfrentándose a los intereses del gobierno y la industria mediante manifestaciones y pláticas públicas.

En el artículo Minería en El Salvador: Rechazo y victoria sobre el extractivismo sostiene que la aportación de este pequeño país al mundo “es una lección de una sociedad con graves dificultades políticas, sociales y económicas que pudo organizarse para pelear por sus derechos fundamentales y enfrentar a un gigante económico como son las corporaciones mineras globales”.

La doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid refiere que es una de las actividades productivas primarias más importantes a nivel económico, ya que contribuye con 11.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel internacional, en contraste con todo el bloque agrícola del planeta que aporta menos de cuatro por ciento.

“Varios países subdesarrollados dependen en gran medida de la explotación de los recursos minerales para su crecimiento económico, ya que el valor monetario de exportación de los productos –sobre todo minerales metálicos– han elevado sus precios desde la última década del siglo XX”.

Debido a la tendencia creciente en la cotización de estos bienes, la inversión en el sector ha tenido un importante repunte en Latinoamérica, 27 por ciento de ella se concentra en los grandes países productores de minerales como México, Chile, Perú y Brasil.

Sin embargo, los pequeños mercados como El Salvador –que cuenta con varios depósitos de oro que no han sido explotados a profundidad– pueden generar amplios márgenes de beneficios económicos para las empresas que buscan aprovecharse de la tendencia de crecimiento en el precio de los metales.

En esa nación la exploración y explotación de recursos minerales durante buena parte del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XX generó un deterioro notable de su ecosistema, pues disminuyó la cantidad de agua y otros bienes naturales para consumo humano.

De acuerdo con Flaviano Bianchini –naturalista italiano estudioso de las violaciones a los derechos humanos y los daños a la salud relacionados con la industria extractiva, especialmente en América Latina– existe una gran cantidad de lugares en la zona nororiental de El Salvador contaminados por las actividades de esa industria que generan enfermedades como cáncer y silicosis entre sus habitantes.

Pese a los daños ambientales, recuerda la doctora Azamar Alonso, en 1996 se aprobó en aquel país una Ley Minera, apoyada por la iniciativa privada y los partidos de derecha, la cual se enfocó en facilitar las condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos extractivos a través de la disminución de exigencias para las empresas dedicadas a la sustracción de recursos minerales.

También se promovió la inversión para este sector mediante el apoyo a capitales privados obviando el deber constitucional del Estado de garantizar el mejor uso de los recursos naturales con una perspectiva de interés social.

Las posteriores reformas a la Ley Minera que se presentaron en 1998 y en 2001, dieron paso a la reducción de impuestos a las empresas mineras por concepto de aprovechamiento (disminuyeron en algunos casos hasta en 75 por ciento) con la intención de atraer capitales extranjeros que, se suponía, ayudarían a reducir el nivel de pobreza en el que vivían los habitantes.

Pero este tipo de labores generan, principalmente, economías de enclave con altos niveles de marginación social que terminan pauperizando a la mayor parte de la población. En este caso, afirma, se impulsó una agenda de explotación en un sitio que carece de condiciones para sostener el extractivismo en cualquiera de sus formas.

En el caso de El Salvador, concluye la especialista, no existe evidencia de que la minería haya contribuido a mejorar en ningún grado las condiciones económicas y sociales de la población.