Por: Redacción/

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, sostuvo que el reto en materia migratoria es forjar con Estados Unidos un ordenamiento de beneficio mutuo, donde se tenga la plena certeza de que se respetarán los derechos humanos de los connacionales que habitan en esa nación.

Durante el Encuentro “Los Exiliados de Trump” Derechos Humanos y Defensa Legal Migrante, el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, Gonzalo Guízar Valladares (PES), afirmó que en la Cámara de Diputados todas las fuerzas políticas están comprometidas con los hermanos migrantes.

En este sentido, recordó que en este Poder Legislativo se creó el programa “Somos Mexicanos”, el cual busca atender el fenómeno migratorio y la reinserción laboral, escolar y familiar de quienes son deportados del vecino país.

Detalló que los legisladores han planteado políticas públicas con sentido humano, y empatía, debido a que muchos de los connacionales lo que quieren es seguir en Estados Unidos; esto, por el poder adquisitivo, por su familia o porque se sienten hechos a esa cultura, ante lo cual es necesario que a su retorno se les brinden los apoyos pertinentes.

Guízar Valladares se manifestó por que el Congreso y la Secretaría de Relaciones Exteriores promuevan acciones que garanticen la defensa legal y que los abogados responsables de esta tarea estén certificados para lograr una adecuada representación.

Enfatizó que la importancia de hacer saber a los mexicanos que radican en el país estadounidense que ningún agente migratorio puede ingresar a sus domicilios sin una orden judicial y que existen diversos elementos legales para su defensa.

La diputada panista, Arlette Ivette Muñoz Cervantes mencionó que presentó una iniciativa para crear la “Ley de Migración de Retorno”, con el objetivo de establecer mecanismos de reinserción a todas las personas que son deportadas de Estados Unidos a México.

Explicó que esta propuesta parte del pleno respeto de los derechos humanos, la creación de comités que brinden asistencia psicológica y ofrezcan empleo, seguridad social y demás servicios.

Expresó que a pesar de que en la Cámara de Diputados y en la Secretaría de Relaciones Exteriores fue respaldada, “en Hacienda la echaron atrás, su operación le costaría al erario público cerca de 5 mil millones de pesos”.

Por su parte, su correligionario Christian Alejandro Carrillo Fregoso cuestionó sobre los derechos que desconocen los migrantes y qué acciones se pueden llevar a cabo para difundirlos.

La diputada Claudia Corichi García (MC) propuso que las comisiones de Relaciones Exteriores y Asuntos Migratorios realicen una reunión de trabajo para analizar las iniciativas en la materia pendientes de dictaminar y buscar que sean aprobadas en menos de un mes, a fin de tener resultados concretos y contribuir a la defensa de los connacionales.

Su compañero de bancada, Salvador García González reiteró que las políticas públicas que se orienten a la defensa de los migrantes deben considerar la plena integración de éstos a la cadena productiva, educativa y social, hechos que permitirán que tanto Estados Unidos como México obtengan beneficios.

En su participación, Eunice Rendón Cárdenas, coordinadora de Agenda Migrante, expuso a los legisladores que el discurso de Donald Trump ha generado que se incrementen un 20 por ciento los crímenes de odio, es decir, esto no queda sólo en el discurso racista, sino que hoy a quien se siente con derecho de actuar con discriminación”.

Añadió que de acuerdo al Instituto Nacional de Migración las deportaciones han disminuido un 24 por ciento; ahora existe un cambio de perfil al ser retornadas a México gente con más arraigo.

Enfatizó que Donald Trump sólo vino a visibilizar algo que estaba ocurriendo desde el 2007; durante el mandato de Barack Obama más de tres millones de connacionales fueron deportados. “Lo que le debemos agradecer a la actual gestión es que por primera vez los migrantes son un tema en la agenda de Estados Unidos y México”.

Dijo que no obstante que los mexicanos aportan el 8 por ciento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, su gobierno triplicó el número de arrestos sólo por su perfil racial en zonas como iglesias y hospitales, aunque todavía no se traduce en deportaciones debido a que aún no concluyen su proceso.

En el caso de los dreamers, aseguró que estos migrantes son los mejor organizados y con mayor aceptación en la comunidad americana, debido a que el 70 por ciento de ellos cuenta con una educación superior; 90 por ciento tiene empleo formal, y el 65 por ciento son bilingües, lo que los hace una cara deseable de la migración.

Indicó que los legisladores estadounidenses tienen hasta el 5 de marzo para definir el futuro de los más de 800 mil jóvenes que tenían el permiso “DACA”, el cual les permite acceso a trabajar, becas e, incluso, para pagar los mismos costos que un estadounidense en las universidades.

“El presidente Trump pide a cambio del DACA el muro, 10 mil agentes más del ICE, cinco mil elementos de la patrulla fronteriza y jueces migratorios que atiendan las 56 cortes migratorias, quienes tienen más de 650 mil casos pendientes”.

Ante este panorama, Rendón Cárdenas sostuvo que se requieren políticas públicas que permitan la inserción económica y social, a través de una perspectiva emocional, ya que los migrantes que retornan al país lo hacen “encadenados”, lo cual es una franca vulneración a sus derechos humanos.

“Es necesario que el gobierno trabaje con una visión anticipada y preventiva, donde se generen campañas de difusión sobre los derechos que tienen y que las políticas públicas mexicanas posean empatía que les permita la pronta reinserción al país”.

El reto, afirmó, “es defender a los más de seis millones de indocumentados para que no sean timados por abogados falsos por medio del aprovechamiento de las redes de defensoría que ya existen”.

Janet Moreno, abogada de Inmigración del despacho Moreno Law Member of the America Immigration Lawyers Association (AILA), señaló que los cambios jurídicos han violentado los derechos humanos de connacionales; ahora todos son prioridad, “no hay ninguna persona indocumentada que se encuentre a salvo”.

Pidió a los diputados destinar mayor presupuesto a los consulados, ya que la representación legal inmediata es fundamental para evitar los procesos de deportación.

Además, solicitó crear campañas de difusión para que los connacionales sean informados de que, en caso de ser detenidos, tienen derecho a guardar silencio, hacer una llamada y no firmar ningún documento.