Por: Redacción/

El aspirante a ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México deberá contar con amplia experiencia y trayectoria en la defensa de los derechos humanos y salir a las calles para conocer de cerca y de viva voz las demandas de justicia de los grupos socialmente más desprotegidos, señaló la diputada Ana Juana Ángeles Valencia.

Hizo notar que los efectos de los sismos del 7 y 19 de septiembre lastimaron severamente al tejido social en la parte más vulnerable, los menores que quedaron huérfanos, las madres solteras que perdieron a sus hijos, las personas con discapacidad que se vieron vulnerados y sus derechos plenos aún no se han resarcido.

Destacó que durante y después del sismo del 19 de septiembre los damnificados notaron la ausencia de acompañamiento en las tareas civiles de remoción de escombro, advirtieron que la ayuda social llegó tarde, observaron que la atención psicológica y orientación jurídica es insuficiente y que en materia de reconstrucción siguen sin acceso pleno a una ayuda generosa y digna pese a que hay recursos financieros suficientes.

En ese sentido precisó que hace falta que los defensores de los derechos humanos de la Comisión capitalina salgan a caminar por las calles, tocar puertas para conversar con las posibles víctimas, sobre todo de injusticias por parte de las autoridades en el ámbito de la procuración de justicia y ahora, de atención social.

Hizo notar que los 66 diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tienen una gran responsabilidad al seleccionar al próximo presidente o presidenta de la CDH-DF porque de ello dependerá la recomposición del tejido social en materia de derechos humanos y en el mejoramiento de la calidad de vida.

Ángeles Valencia subrayó que con la renovación de la CDH capitalina deben desaparecer los apéndices del gobierno en turno para que el organismo goce de cabal independencia y sólo se dedique a la defensa de los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México y no a sobrellevar cuotas partidistas.

Indicó que en el contexto de la capital del país la defensa dista mucho de ser ideal porque quedaron muchos vacíos con el desastre subsecuente posterior a los pasados sismos, cuando las condiciones de gran emergencia reclamaron la presencia de la CDHDF, se notó la falta de eficacia de ese organismo.

Argumentó que los sectores más desprotegidos, niños, personas con discapacidad, de la tercera edad, entre otros, vieron menguados sus derechos, sobre todo, por el comportamiento institucional de fuerzas que intervinieron violentamente para alejar la presencia de grupos de apoyo.

Mencionó que una de las funciones de la CDHDF que se ejerce de oficio, es investigar la prevalencia de derechos plenos de ciertos sectores vulnerables y se quedó al margen en los casos donde fallecieron alumnos, trabajadores y extranjeros que laboraban sin las debidas acreditaciones como fue el caso del colapso de un edificio ubicado en las calles de Bolívar y Chimalpopoca en la Ciudad de México.

La existencia de centenares de escuelas en situación de peligro que ubica la responsabilidad en las autoridades educativas federales, no obstante, agregó, también involucra a quienes tienen en sus manos la defensa de esos derechos, en la Ciudad de México, sustentó.

Hizo notar que en el artículo primero de la Constitución involucra a todas las autoridades respecto a la defensa y garantía de los derechos humanos por lo que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación de esos derechos conforme a la ley.

Además, apuntó, la lista de violaciones a los derechos humanos es interminable en una ciudad con feminicidios, agresiones sexuales, acoso laboral, mal trato de personas de la tercera edad, infantes que trabajan y mujeres embarazadas que son despedidas, trabajadores de limpieza sin prestaciones de ley que laboran en oficinas gubernamentales, entre muchos.

Expresó que la obligación de la CDHDF es la defensa de los derechos de los ciudadanos por lo que con el cambio debe quedar muy clara la sana distancia del organismo con los gobernantes. Es necesario, dijo, convertir a la Comisión en una verdadera defensora del pueblo y no en un organismo que sirva para pagar cuotas políticas.