Por: Redacción/

Los últimos tres presidentes de México crearon un Estado desarticulado y vulnerable, una burocracia obesa y dispersa, un sistema de justicia en crisis, un federalismo atrofiado y una centralización política improductiva y costosa que se replica en cada entidad federativa, afirma el doctor Ricardo Espinoza Toledo, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el artículo La centralización presidencial, el académico de la Unidad Iztapalapa señaló que ante ese escenario una encomienda importante del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador será sentar las bases del cambio necesario y recuperar la mística del servicio público.

“Para salir del estancamiento hace falta una nueva política y reorientar el rumbo, pues dejar las cosas como están es replicar lo que no funciona”. En 2018 los ciudadanos votaron por cambiar la estructura de gobierno que no ha contribuido al bienestar de las mayorías.

A pesar de la transición política de principios de siglo, México conserva un sistema de poder centralizado por obra de los gobiernos de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto: “el primero no modificó el presidencialismo omnipotente que tanto criticó, pero al que se adaptó muy bien; el segundo lo utilizó para intentar legitimarse luego de un insostenible triunfo y el tercero culminó la obra con el pacto de 2012”.

El académico del Departamento de Sociología refiere que Fox Quesada lo conservó a cambio del respaldo de los gobernadores conseguido a través de mejoras presupuestales, por lo que durante su sexenio no se fortaleció el federalismo sino los abusos y la corrupción.

Calderón Hinojosa siguió la misma ruta, sólo que con menores márgenes políticos debido a su dependencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), “por eso se dedicó a promover todo tipo de iniciativas y propuestas para intentar restaurar la supremacía presidencial: domesticar el pluralismo del Congreso era el propósito y pedir amplios poderes para el jefe del Ejecutivo se definía como agenda democrática”.

En ese ambiente artificialmente creado contra el pluripartidismo fue Peña Nieto quien coronó la obra con el Pacto por México, a través del cual la centralización política se afianzó; el Congreso, mayoritariamente opositor, extravió su función de moderación y balance de los excesos del presidente.

Los gobernadores, por su lado, ganaron en autonomía, fortaleza y recursos –aportados a través de los ramos 33 y 23– y con el Presidente de la República, los ejecutivos estatales neutralizaron todo tipo de contrapesos institucionales y políticos locales gracias al reparto discrecional de los recursos públicos.

En las tres administraciones anteriores se dejó intocada la estructura de poder, ya que “ésta no sólo los mantuvo en el gobierno, sino que les permitió afianzar un modelo económico que no impulsó el crecimiento ni el desarrollo, pues lo que esos presidentes querían eran plenos poderes para imponer las llamadas reformas estructurales”, explicó el doctor en Ciencia Política por la Universidad de París I-Sorbona.

Estas reformas a la Constitución que borraron la justicia social como compromiso del Estado se lograron por la vía del control de la oposición y del Poder Legislativo, y una de las consecuencias del citado acuerdo fue la afirmación de la centralización presidencial, concluyó el especialista en procesos políticos.