Por: Redacción

El proceso judicial, penal y administrativo que implica la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán a Estados Unidos debe ser transparente y apegado a derecho para de evitar posibles acuerdos que beneficien al capo, afirmó la diputada Arlette Muñoz Cervantes (PAN).

“Es necesario garantizar un proceso justo al narcotraficante, pero libre de acuerdos que beneficien a un criminal que ha vulnerado el sistema de seguridad mexicano”, consideró en un comunicado la integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Sostuvo que pese a que la extradición del líder del Cartel de Sinaloa, es la opción más segura y prudente frente a la posibilidad de una tercera fuga. Esta decisión confirma lo endeble del sistema de justicia del país e incrementa la incertidumbre en materia de inseguridad entre los ciudadanos, añadió.

“Está decisión refleja que el sistema de justicia penal mexicano es incapaz de hacer que los criminales de este rango paguen sus condenas en territorio nacional”, sentenció.

Muñoz Cervantes señaló que es inaceptable que los criminales de este nivel sean extraditados sin antes rendir cuentas claras de los vínculos que les permitieron traficar por años toneladas de drogas en el país y construir imperios millonarios que siguen operando en territorio mexicano.

Apuntó que las autoridades judiciales tienen la obligación de hacer que Guzmán Loera pague por los delitos que ha cometido desde la década de los 80.

Asimismo, externó, deben entregar cuentas claras sobre las complicidades que permitieron al capo mexicano establecer una red operativa en al menos 17 estados de la República mexicana y las empresas utilizadas para “lavado de dinero” en al menos 10 países del continente americano, “como lo ha señalado el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos”.

Resaltó que de acuerdo con el informe “Seguridad y confianza ciudadana” del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, en el país prevalece una percepción de temor y vulnerabilidad frente a las actividades del crimen organizado, la violencia y el actuar de las autoridades mexicanas.

“El 95 por ciento de los mexicanos considera que en el país prevalece el narcotráfico como la principal actividad ilegal y el 71.3 por ciento cree que las operaciones del crimen organizado provocan una ola de mucha violencia. Un 67 por ciento cree que el gobierno no ha tomado decisiones firmes en esta materia y un 58 por ciento continúa sintiéndose inseguro en el lugar donde vive”, detalló la diputada federal.

El viernes pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que concedió la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera a Estados Unidos para ser procesado en cortes de Texas y California, por los delitos tráfico de drogas, trata de personas, extorsión, secuestro y homicidio, entre otros.