Por: Redacción

Si el Gobierno de la República y el PRI en verdad quieren atacar de fondo el problema de la corrupción, deben presentar las denuncias penales en contra de Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, y avalar con hechos sus declaraciones y no limitarse a impulsar acciones de inconstitucionalidad para desmontar la farsa de los sistemas estatales de anticorrupción que impulsaron esos gobernadores, aseguró el senador Miguel Barbosa Huerta.

Barbosa Huerta afirmó que desde el poder público federal se ha permitido todo tipo de excesos en materia de corrupción, autoritarismo y arrogancia.

“Los desplantes y actitudes de los actuales gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo son ejemplos de lo que se habla. Por supuesto que no es casual que en el más reciente proceso electoral la ciudadanía haya optado por otros candidatos”, opinó.

Hoy desde el Gobierno Federal o desde la presidencia del PRI resulta sencillo simular que se encabeza la limpieza de los gobiernos estatales priistas, pero dichas medidas nadie las cree, porque una declaración ante los medios de comunicación no basta para resolver el problema; “esto debe entenderse como una estrategia propagandística rumbo a la sucesión presidencial de 2018”, sostuvo el senador Miguel Barbosa.

Indicó que en las actuales circunstancias políticas del país, los gobernadores gozan de un amplio poder y discrecionalidad en sus decisiones, lo cual, en algunos casos se traduce en opacidad, corrupción e impunidad.

Dijo que a nivel de gobiernos estatales se imponen los excesos, la arrogancia e ineptitud. “Puede decirse que una de las partes menos evolucionadas de nuestro sistema político se encuentra en las formas y prácticas de los gobiernos locales”.

Explicó que a partir de la transición en el poder del año 2000, la clase política del hasta entonces partido dominante se refugió en sus gobiernos locales y desde sus fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, el PRI protegió a sus mandatarios estatales e impidió que en sus entidades se realizaran auditorías a fondo de los recursos ejercidos.

Las condiciones políticas del país, particularmente la debilidad del gobierno del PAN, posibilitaron un ejercicio del poder sin límite en las entidades federativas priistas. “Sin un Presidente de la República todopoderoso, se generó un fenómeno que puede denominarse como feudalización de la política en los estados”, aseguró.

El senador Miguel Barbosa Huerta también reconoció que los gobiernos locales de otros partidos, es decir, del PAN y del PRD, han cometido excesos.

“El ejercicio del Poder en las entidades federativas está enfermo, todos padecen del mismo mal de arrogancia, soberbia y deshonestidad”, sostuvo.