Por: Redacción

El Grupo Parlamentario del PRI propuso solicitar al Gobierno de la Ciudad de México un informe pormenorizado de las licitaciones, contratos, y los recursos presupuestales y humanos asignados para la instrumentación del Programa de Fotomultas; así como del Sistema de Control de Tráfico, de la empresa Autotraffic S.A. de C.V., durante el periodo 2005 a 2015.

El punto de acuerdo, presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, considera que se han registrado diversas irregularidades en la designación, instrumentación, emisión, cobranza y notificación de los programas citados.

Los medios de comunicación reportaron que el contrato con la empresa establece una cuota mínima de cinco mil fotomultas al día, es decir, 150 mil al mes. Esto llevaría a la empresa a imponer, del 1 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2017, un mínimo de cuatro millones 200 mil multas.

De acuerdo con el contrato, la empresa operadora cobrará el 45% de cada una de las infracciones. Según el Jefe de Gobierno se debe a que es la propietaria del equipo para infraccionar.

Lo anterior demuestra un trato distinto con el de otras entidades en las que se aplica el programa, ya que la empresa cobrará en la Ciudad de México cinco veces más de lo que cobra en Puebla y Jalisco, donde gana cien pesos por cada fotomulta.

El documento señala que, en 2007, la empresa vendió ocho radares de velocidad para instalarlos en el segundo piso del Periférico, y en el 2009 se adquirieron otros cuatro para la Avenida Zaragoza, vialidades de vital importancia para la ciudad.

Lejos de contribuir a una mejor cultura vial y a la disminución de los índices de accidentes, durante el año 2013 la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México levantó un millón 419 mil 056 multas, y de estas 554 mil 493 fueron por rebasar el límite de velocidad.

“Lo anterior deja claro que esta estrategia no ha dado los resultados esperados en términos de prevención”, aseguran los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI. A pesar de ello, el programa se ha intensificado en la gestión de Miguel Ángel Mancera, al entrar en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito. Sin embargo, ha sido utilizado más como un mecanismo de recaudación y un negocio para los particulares.

El GPPRI agrega que entre las irregularidades del sistema de fotomultas está el hecho de que la empresa Autotraffic utiliza vehículos particulares, desde los cuales generan infracciones a los automovilistas sin que vayan a exceso de velocidad; además de que el sistema de notificación no es eficiente ni oportuno.

 

Además, la empresa ha sido denunciada en varias ocasiones por abusos como la manipulación de los equipos de radar y el nulo servicio de mantenimiento preventivo a sus equipos, “y es que la empresa no es vigilada por ninguna entidad fiscalizadora para prevenir anomalías de esta naturaleza”, señalan los senadores.