Por: Aldo Herrera
Legisladores de diversas entidades federativas señalaron que estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierte que el presupuesto base cero provocará una reducción de más de 50 por ciento los subsidios agrícolas, y que la ineficacia en la aplicación de políticas agrarias impide la disminución de la pobreza
En la conformación del Presupuesto Base Cero deben eliminarse duplicidades y atomización de las políticas públicas, coincidieron los presidentes de las comisiones en el Senado de Desarrollo Rural, Fidel Demédicis Hidalgo; y Especial de Zonas Marginadas, Sofío Ramírez Hernández; al igual que productores, especialistas y académicos.
Al encabezar el foro “El campo en la perspectiva del Presupuesto Base Cero”, el senador Demédicis Hidalgo, pidió atender señalamientos como los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que advierte que México redujo más de la mitad los subsidios agrícolas, al pasar del pasar del 28 por ciento en 1991-1993, al 13 por ciento en 2010-2012.
Advirtió que se gasta más en importar que en la producción de alimentos: las importaciones agroalimentarias aumentaron en forma alarmante, al llegar el año pasado a 27 mil 360 millones de dólares, equivalentes a 451 mil 984 millones de pesos, “33 por ciento más que todo el presupuesto rural y ocho veces el gasto productivo”.
El senador Demédicis Hidalgo destacó que más de 60 por ciento de los subsidios se concentran en 17 mil productores, es decir, en el 0.3 por ciento del total; en tanto, 70 por ciento de quienes que no reciben apoyos públicos son agricultores familiares y de subsistencia, que “sobreviven con ingresos que no les permiten salir de la pobreza”.
El senador Sofío Ramírez consideró que es momento de sumar esfuerzos y el compromiso del Congreso, el gobierno federal, las organizaciones sociales y productivas, especialistas y académicos, para emprender una gran reforma del campo mexicano.
Es la oportunidad, sostuvo, de impulsar la generación de la producción primaria y, con ello, abrir un gran espacio de generación de empleo. El objetivo central es ofrecer a los jefes de familia seguridad de alimento para sus familias, pues “si no puedes garantizar la alimentación a tus hijos, se llega al límite de la sobrevivencia, y esta es una realidad que no se puede contener; es reconocida con los datos del Coneval”.
Héctor Robles Berlanga, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al presentar el programa “Valor al campesino”, advirtió que el Presupuesto Base Cero no concluirá con su discusión en septiembre, pues la experiencia internacional indica que su construcción conlleva varios años.
Llamó a las autoridades a eliminar la perspectiva social, y emprender programas con los que se atienda como productores a los pequeños agricultores, pues ellos son los principales generadores de alimentos y fuente de trabajo en el campo.
La pequeña agricultura es fundamental para la agroindustria al ser predominante: siete de cada diez productores tienen cinco hectáreas o menos, este sector creció 700 por ciento de 1930 al 2010, aporta 39 por ciento de la producción de granos básicos y genera seis de cada diez empleos en el campo.
Aclaró que la propuesta “Valor al campesino” no es de más presupuesto, pues ya se demostró que eso no es suficiente. De 2013 a 2015, explicó, el Programa Especial Concurrente creció 180 por ciento, pero esto no se reflejó en el combate a la pobreza. Sostuvo que la discusión debe centrarse en “cómo hacemos, con el presupuesto que tenemos, una mejor política”.
Entre los problemas del presupuesto está la regresividad, es decir, una alta concentración en pocos productores, que son los de mayores ingresos. Otro problema es que el gasto de Financiera Nacional de Desarrollo y el crédito de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), se concentran en los estados del norte del país, y benefician con subsidios gubernamentales a los grandes productores.
John Scott Andretta, investigador del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), planteó la necesidad de que en el Presupuesto Base Cero se dé prioridad a la aplicación de recursos de acuerdo a resultados, a fin de mejorar los programas; esto requiere monitorear la aplicación del presupuesto para su evaluación.
El Presupuesto Base Cero es una gran oportunidad de reasignación del presupuesto, destacó. En este marco, Coneval propone dos objetivos: la reducción de la pobreza –que es lo urgente–, y elevar la calidad de las políticas públicas y de los servicios sociales, pues actualmente no existe garantía de acceso efectivo a alimentos y educación de calidad, entre otros servicios.
Además de la alta concentración y duplicidad de programas, esta falta de efectividad deriva de que se registra un mínimo esfuerzo al asignar únicamente 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto a los programas sociales, advirtió.
Isabel Cruz Hernández, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), apuntó que la situación de los pequeños productores requiere una profunda reforma institucional y cambio de cultura muy grande.
Esto implica que, dentro de la discusión del Presupuesto Base Cero, se dé una gran discusión política, pues la asignación de recursos conlleva grandes intereses. Por ello llamó a que el Congreso, junto con productores y especialistas, formen una alianza para apoyar los cambios en los programas asignados a la producción agropecuaria.
No se trata, aclaró, de que no se den apoyos a los grandes productores, sino que se incluya en el padrón de apoyos a los pequeños agricultores, a partir de la integración de todos los programas en uno solo y que sea atendido en una ventanilla única.
El objetivo es dar sentido de inversión, estructura, reglas de operación únicas, enfoque territorial, organización, inclusión financiera, visión ambientalista, y proyectos de inversión a largo plazo al campo mexicano, y que esto ayude a superar la pobreza.
Finalmente, Jesús Moncada de la Fuente, director del Colegio de Postgraduados; el rector de la Universidad de Chapingo, José Sergio Barrales Domínguez; y el de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Jesús Valenzuela García; afirmaron que la academia está dispuesta a ayudar para construir un presupuesto que fortalezca la investigación a favor del campo.
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