Por: Redacción/
Después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, que asciende a un monto de 6 billones 107 mil 732 millones 400 mil pesos, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, destacó que el proceso representa un gran esfuerzo de diálogo de los distintos sectores, pues la Cámara de Diputados, al ser un espacio abierto para las y los mexicanos, recibió y atendió a los que pidieron ser escuchados.
“Tuvimos ejercicios de Parlamento Abierto, mesas de diálogo y reuniones con los sectores más representativos del escenario político. La tarea no ha sido fácil pues, como siempre, las necesidades son muchas, y los recursos escasos; en estos momentos tenemos un difícil entorno económico en el ámbito internacional, por lo que resulta urgente poner en marcha un programa anticíclico que detone el crecimiento de la economía, aumentando la inversión en infraestructura y así dinamizar las finanzas del país, contribuyendo al bienestar de los mexicanos”, resaltó.
No obstante, Ramírez Cuéllar reconoció que es importante fortalecer el diálogo entre el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados durante todo el ciclo presupuestario, estableciendo mecanismos que permitan dar un seguimiento más puntual al correcto ejercicio de los recursos públicos y realizar los ajustes presupuestales necesarios, considerando las solicitudes de los gobiernos locales, bajo un esquema de corresponsabilidad para construir un estado de bienestar con fortaleza fiscal: “El papel de la Cámara de Diputados no debe circunscribirse a la aprobación del Presupuesto de Egresos, por el contrario, es necesario un papel más activo durante todo el ejercicio, revisando la manera en cómo y cuánto se gasta, a las posibles modificaciones presupuestarias y contribuyendo a evitar el subejercicio de los recursos públicos”.
El legislador federal apuntó que, de conformidad con las solicitudes de diversas comisiones ordinarias, la academia, la sociedad civil, y en un ejercicio incluyente, se incorporaron importantes cambios a la propuesta original del Ejecutivo Federal, entre los que destacan:
1.- El fortalecimiento de transparencia en el uso de los recursos públicos. La Secretaría de Hacienda y las demás dependencias deberán aportar más información, en formato de datos abiertos, sobre el ejercicio de los recursos, tanto en el portal de Transparencia Presupuestaria como en sus respectivos sitios electrónicos, incluyendo el avance en los proyectos de infraestructura, los convenios de reasignación de recursos entre la Federación y los Estados, y las contrataciones públicas.
2. En ese mismo sentido, se deberán publicar las reglas de operación y los padrones de beneficiarios de los programas sociales. La Cámara de Diputados ha dispuesto incorporar 13 programas sociales adicionales al Anexo 25 “Programas sujetos a reglas de operación”, con lo que se fortalecerá el uso de la evidencia como herramienta para la planeación y programación de la política social. Las reglas de operación permitirán conocer de manera más adecuada la efectividad de cada programa, para identificar áreas de oportunidad y posibles cambios en su diseño.
3. Incremento de recursos para el Ramo 11 “Educación Pública”. Conforme a sus solicitudes, y atendiendo a las obligaciones derivadas de la reforma constitucional, se restituyeron recursos para atender las necesidades de las universidades públicas del país y se establecerá un fondo obligatorio para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior y concluir una carrera universitaria. Además, al consolidar el sistema nacional de becas, se buscará elevar de manera considerable la matrícula de la población estudiantil. De igual forma, se dejó en claro la necesidad de fortalecer el tema de Primera Infancia, como una inversión fundamental para el desarrollo de la población.
4. En cuanto al apoyo a estados y municipios, se flexibilizará el uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), ampliando su periodo de ejecución e incrementando el porcentaje permitido para realizar acciones de carácter complementario en materia de obras de urbanización, pavimentación, caminos rurales, puentes, obras de reconstrucción y carreteras. Asimismo, se incluye disposiciones tendentes a mejorar la aplicación y el propio mecanismo de funcionamiento del Fondo Metropolitano, con la finalidad de potenciar el impacto de los recursos púbicos en las zonas en que se aplica.
Por otro lado, Ramírez Cuéllar descalificó los señalamientos sobre el abandono al campo en este presupuesto. Afirmó que ahora los pequeños y medianos agricultores tendrán certeza en el pago de cosechas y que se pondrá fin a los programas clientelares, incluyendo la adquisición de granos básicos a precios de garantía. En las próximas semanas la Comisión de Hacienda y Crédito Público debe dictaminar a favor de una nueva sociedad de crédito para el campo y así garantizar que el ingreso objetivo se convierta en una política pública que funcione con una mezcla de recursos, no con subsidios.
Finalmente, el diputado manifestó que se requiere iniciar los trabajos para organizar una Convención Nacional Hacendaria, cuyo objetivo sería fortalecer las finanzas públicas del país, discutiendo temas como:
a) La conveniencia de establecer un Consejo Fiscal independiente, que realizaría análisis objetivos y recomendaciones al gobierno encaminadas a mejorar los ingresos, la deuda y el gasto público, y
b) La identificación de nuevos esquemas de coordinación fiscal, en los que se asegure la corresponsabilidad por parte de todos los órdenes de gobierno. “Los presidentes municipales y gobernadores tienen muchas demandas y constantemente solicitan apoyo de la Federación, pero ellos también deben realizar su parte y cumplir con sus obligaciones constitucionales de recaudar los impuestos que les correspondan”, concluyó.
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