Por: Redacción/

La promulgación de la Ley de Seguridad Interior es una clara declaratoria de guerra contra la ciudadanía, alertó el diputado perredista Omar Ortega, quien señaló que tras una discusión de lo absurdo para aprobar la Ley -en dónde la sociedad fue engañada con simulaciones de diálogos-, quedó demostrado el temor que le tienen el gobierno y su partido a la organización ciudadana.

Más allá de la inconstitucionalidad del marco aprobado por los legisladores del PRI y sus aliados, lo que preocupa -indicó el diputado-, es el desprecio al debido proceso legislativo por el partido en el poder y los engaños a los ciudadanos.

“Además, alarma que el gobierno que ordenó las violaciones de mujeres en Atenco, las desapariciones de estudiantes, el abatimiento en Tlatlaya y los ataques a pobladores de Nochixtlán, haya creado una Ley que le permita hacer uso de las fuerzas armadas a discreción y de manera indefinida”, denunció el también coordinador de Proceso Legislativo del PRD en la Cámara de Diputados.

Explicó que con los artículos 15 y 16 de la citada Ley, el presidente podrá saltarse el tan citado argumento del proceso de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y de extender las acciones militares por el tiempo que quiera.

“Tienen miedo al cambio que se aproxima; al hartazgo de la gente que se verá reflejado en las urnas en 2018”, indicó Omar Ortega. “La Coalición Por México al Frente representa un peligro para los intereses de los priistas y sus aliados. De eso no hay duda; temen perder sus privilegios y a una verdadera amenaza que no otorga amnistías”, agregó.

Recordó también el bloqueo a la Ley de Mando Mixto Coordinado en la Cámara de Diputados que organizaron el PRI y sus aliados -explícitos e implícitos-, dándole la espalda a México, primero, sepultando un dictamen que pretendía fortalecer a las instituciones de seguridad pública que nos necesitan, y después aprobando el uso de las fuerzas armadas pero no por la seguridad del país o sus habitantes, sino para conservar su poder y privilegios.

“El reconocimiento implícito de que estamos en un Estado fallido y necesitamos al Ejército en las calles sin regulación alguna o con regulaciones a modo que cobijan en la impunidad a los elementos castrenses, se ha dado con la promulgación de la Ley de Seguridad Interior”, anotó el perredista.

Tan sólo en lo que va de la actual administración se han presentado 2 mil 585 quejas en contra de la SEDENA, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dirigido a los altos mandos castrenses 125 recomendaciones que han develado las conductas ilícitas de 387 militares de los que apenas 53 han recibido algún tipo de sentencia.

El perredista advirtió que los artículos 9 y 30 dejan en la opacidad el actuar de las fuerzas armadas, porque aún no se sabe cómo será catalogada la información de Seguridad Nacional.

“¿Por qué se nos habrá de negar acceso a ella?, le pregunto a los que aprobaron la ley. Tanto trabajo en un Sistema Nacional Anticorrupción y de Transparencia, para que ahora demos grandes saltos atrás en la materia. No es posible. Además, ¿cuáles serán las actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior? Le estamos dando un cheque en blanco a las fuerzas armadas”, advirtió.

“Debimos discutir la profesionalización y coordinación de nuestros cuerpos policiacos de la mano del retiro de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública, así como la autonomía de la Fiscalía General de la República para garantizarle a ésta la capacidad de investigar delitos y violaciones a derechos humanos. Sin embargo, el presidente ha promulgado un decreto que implica el reconocimiento de un Estado fallido en donde la delincuencia organizada y política han ganado”, concluyó.