Por: Redacción/

La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, afirmó que la reforma educativa de 2012-2013 y el nuevo dictamen sobre esta materia, elaborado por las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales, lograron diversos avances, por lo que su grupo parlamentario no permitirá que se eliminen.

“En el dictamen que aprobamos se corrige lo que se tenía que corregir, se elimina el carácter punitivo, se garantizan los derechos del magisterio, la permanencia y la estabilidad en el empleo de las y los maestros, se crean las condiciones para fortalecer la calidad de la educación y, sobre todo, se mantiene la rectoría del Estado en la educación”, indicó en un comunicado.

“No vamos a caer en la irresponsabilidad de regresarle a las dirigencias sindicales el control de la educación, ni los privilegios económicos y políticos de los que gozaban antes de la reforma de 2012-2013”, advirtió.

“Aceptar las propuestas que proponen quienes se oponen al dictamen sería un grave retroceso para la educación, para los derechos de niñas, niños y adolescentes y para los de la gran mayoría de las y los docentes”, agregó.

La legisladora subrayó que la Cámara de Diputados, en el marco de sus facultades, ya hizo su tarea y que las fracciones parlamentarias de oposición están en la mejor disposición de continuar con el proceso legislativo.

Subrayó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se equivoca si piensa que puede abrogar por decreto la reforma educativa de 2012-2013, mediante un decreto, como afirmó el pasado fin de semana.

“La abrogación es facultad del Congreso de la Unión”, indicó Juárez Piña.

“Pretender gobernar por decreto y vulnerar las facultades del Poder Legislativo es propio de regímenes autoritarios. El presidente de la República cometería un grave error si en afán de quedar bien con sus aliados electorales en el magisterio, ignora las demandas de la sociedad de mejorar la educación del país y anteponer el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad, por encima de cualquier interés político y económico”, abundó.

Acusó al jefe del Ejecutivo federal de ser el responsable del estancamiento de la nueva reforma educativa, porque “hizo promesas a sus aliados electorales en el magisterio que ahora no está condiciones de cumplir”.

“Lo que pretende el presidente de la República es exactamente lo que propone la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en este momento. Implicaría regresarle sus privilegios a las dirigencias, que no a las y los maestros”, advirtió.

“Si el proceso legislativo está detenido es porque, tanto el presidente de la República, como la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, no han sido capaces de procesar acuerdos con la fracción de la CNTE que se opone al dictamen aprobado”, argumentó.

Reiteró que eliminar los avances, “sería volver a la venta de plazas, a la entrega de recursos de manera indiscriminada a los sindicatos, y a los miles de comisionados que cobraban sin estar frente a grupo. Eliminaría cualquier posibilidad de evaluación diagnóstica y violaría el derecho de las y los docentes de aspirar a un mejor salario y a un cargo de dirección”.