• La diputada Macarena Chávez dijo que la FEADLE no está cumpliendo el objetivo por el cual fue creada, que es dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística.

Por: Redacción/

La diputada Macarena Chávez Flores (PRD) informó que promueve una iniciativa de reforma constitucional para instituir una “Fiscalía especializada en materia de delitos contra las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y la libertad de expresión”.

En un comunicado, detalló que su propuesta plantea reformar el artículo 102, apartado A, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Apuntó que si bien existe una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), ésta forma parte de la estructura de la Fiscalía General de la República; “pero es evidente que no está cumpliendo el objetivo por el cual fue creada, que es dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión”.

“En México, la impunidad para cualquier clase de asesinato supera el 90%; pero en el caso de las y los periodistas, de acuerdo con la organización Artículo 19, la cifra alcanza el 99.13%, y son crímenes que siguen sin ser resueltos, algunos de los cuales se demoran intencionalmente por años en las mismas instancias responsables de clarificarlos”, manifestó.

“En este punto debemos considerar un mecanismo a implementar para el combate a los delitos que atentan contra las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y la libertad de expresión, lo cual implicaría a su vez, la reestructura al interior de las fiscalías especializadas”, abundó Chávez Flores.

Mencionó que el trabajo de estas fiscalías se encuentra en un estado no visible para las necesidades que los tiempos actuales plantean, “donde las y los defensores de los derechos humanos, y las y los trabajadores de la comunicación, carecen de un mínimo de protección acorde con su tarea de informar y de denunciar cuando una autoridad o un particular cometen actos contra los intereses de la sociedad”.