Por: Ricardo Martínez
El presidente de la Mesa Directiva del senado Roberto Gil Zuarth inauguró esta mañana la Evaluación en la Aplicación de la Ley General de Víctimas, donde en compañía de la Senadoras María Cristina Díaz Salazar presidenta de la comisión y Diva Hadamira Gastélum Bajo, hablaron de la importancia que tiene la modificación de ciertos artículos, todo esto ante las denuncias y quejas de afectados que señalan que no han sido atendidos, que no fluyen los recursos del fondo y que no se les trata debidamente al acudir a solicitar los servicios.
Una de las invitadas a esta evaluación fue Isabel Miranda de Wallace, quien para empezar su participación habló de la importancia de regular los centros penitenciarios del país ya que, ha habido pruebas de que los carteles siguen operando y ordenando secuestros desde dentro de dichos centros.
Miranda de Wallace exhortó a la comisión y a las senadoras a que se abogue por los derechos de las victimas ya que “aunque el proceso es para todos, el poder judicial privilegia a los procesados y no a las víctimas” poniendo como ejemplo un caso en particular en donde el secuestrador fue atrapado, pero después de su detención en su proceso legal argumentó al juez que fue detenido con violencia y dijo ser torturado, por lo que no solo se le liberó, si no que fue indemnizado con 5 mdp.
Denuncian que hay una falta de equidad por parte de las autoridades, mencionando que el 70% del presupuesto se lo lleva la burocracia dejando con muy poco a la gente que no tiene para transporte ni gastos funerarios, inclusive dejando en muchos de los casos sin ayuda ni siquiera legal a los afectados.
Como parte de su intervención Miranda de Wallace llevó victimas de estas situaciones, que relataron a las Senadoras sus malas experiencias no solo en cuanto a la privación de la libertad de ellos mismos o de sus familiares, sino al momento de buscar ayuda por parte de las autoridades correspondientes, en donde sus casos son ignorados, o la ayuda recibida es nula.
Uno de los afectados relata que su hijo fue secuestrado desde hace 8 meses, pagó el rescate y aún no sabe nada de él. La desesperación lo llevó a investigar por otros medios, descubriendo así que el secuestrador con el que tuvo que tratar está inmerso en otros 3 casos en el Distrito Federal, 2 más en el Estado de México y otros 2 en PGR, dejando ver que no hay comunicación entre las instituciones ya que no estaban enteradas de esta situación. Y al ser cuestionados del por qué no trabajar en conjunto para su pronta aprensión dijeron “no vamos a dejar que otros se paren el cuello con nuestra información”
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