Por: Redacción/

La presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, consideró fundamental que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2018 se destinen mayores recursos para el rubro de gasto social, y se revisen los esquemas de transparencia y rendición de cuentas, a fin de reducir las brechas de pobreza y marginación en el país.

Indicó que “aunque en los últimos años el Poder Legislativo ha incrementado los porcentajes presupuestales en esta materia, han sido insuficientes para disminuir la desigualdad entre los mexicanos”.

Recordó que, incluso, el más reciente reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) menciona que el número de pobres aumentó en más de un millón de personas, por lo que es necesario rediseñar los programas sociales y discutir un mejor presupuesto.

Precisó que a pesar de que los recursos canalizados a gasto social han concentrado más del 50 por ciento del Gasto Programable, “aún estamos lejos de lograr un monto que ayude a disminuir la pobreza y propicie la prosperidad de la población”.

La legisladora por Querétaro agregó que de acuerdo con análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), difundidos en tiempos recientes, el gasto social de México no es suficiente y es de los más bajos entre los países miembros de este organismo.

“La OCDE ha señalado que el gasto público en pro de la superación de la pobreza y el abatimiento de la desigualdad, constituye una condición imprescindible para el desarrollo sostenible de la economía y es, por sobre todo, un tema de derechos humanos”, agregó.

La diputada federal enfatizó que aún no se reflejan en los ingresos de la población los beneficios previstos para propiciar prosperidad en los hogares del país.

Las asimetrías entre ricos y pobres son cada vez más grandes, tan es así que “solo un 10 por ciento de la población gana veinte veces lo que ganan sesenta millones de mexicanos”, opinó.

Puntualizó que debe preocupar que el crecimiento económico sea suficiente e incluyente, para lograr mejores condiciones de vida de miles de familias mexicanas, lo cual es un asunto pendiente y urgente de resolver.