Por: Gabriela Espinoza

Durante la firma del convenio de colaboración entre el IBD y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que permitirá el intercambio de información, el director general del Conacyt Enrique Cabrero Mendoza dijo en la Cámara de Senadores que el país todavía está lejos de lograr una sociedad del conocimiento: “somos un país con muchos retos en el sistema educativo, en el sistema de investigación, en la infraestructura; sin embargo, estamos trabajando en ello”.

Sin embargo, mencionó que el Conacyt esta convencido que en la medida en que el conocimiento científico y tecnológico llegue a los tomadores de decisiones en el ámbito gubernamental, podrán atender mejor los problemas nacionales; diseñar con mayor eficiencia y claridad las políticas públicas donde interviene el Estado y la sociedad.

Por su parte, el senador Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional, comentó que el Sistema Nacional de Investigadores está integrado por más de 23 mil personas, y el IBD, entre investigadores y técnicos altamente calificados, cuenta con aproximadamente 70 personas, pero que hay trabajo pendiente en cuanto al campo de la ciencia y tecnología en el país, como por ejemplo: agregar en la Constitución las palabras ciencia, tecnología e innovación, porque no existen; adaptar la Ley General de Ciencia; crear una Ley de Centros Públicos; y revisar el régimen de propiedad intelectual y propiedad industrial, entre otros.

Fernando Herrera Ávila presidente del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, detalló  que Conacyt ha asesorado al IBD para que sus investigadores accedan al Sistema Nacional de Investigadores, y  asimismo a los investigadores del Consejo para que tengan estanciasen el Senado y enriquezcan el trabajo de asesoría. Anunció que la inversión en el rubro de investigación y tecnología será adecuada, ya que la  Cámara de Senadores estará atenta en la elaboración del Presupuesto Base Cero del próximo año.

Con la firma del convenio entre el IBD y el Conacy se desarrollará un programa de evaluación de los investigadores del Instituto; un intercambio de publicaciones; la implementación de servicio social; y asesoría en temas legislativos, debido a que en el periodo de sesiones pasado, en el Senado se aprobó un nuevo marco jurídico que permite a los investigadores de universidades, centros públicos de investigación y dependencias de la Administración Pública Federal, desarrollar actividades científicas y tecnológicas.