Por: Redacción
El Congreso de la Unión tiene la obligación constitucional de reconocer a las y los adolescentes como sujetos plenos de derechos y ello incluye la legislación de un único sistema de justicia penal para aquellos adolescentes que se encuentren en conflicto con las leyes penales, aseveró la senadora Angélica de la Peña.
Durante la inauguración del Primer Seminario Regional de Justicia Juvenil, la legisladora apuntó que en México ha sido largo el proceso de reformas constitucionales para visibilizar y valorar a este importante sector de la población, “enfrentando las resistencias de un sistema tutelarista que los consideraba como menores incapaces y, por lo tanto, que desconocía sus derechos”, añadió.
La senadora de la Peña Gómez dijo que este tipo de eventos son necesarios en el marco de la discusión de dos nuevos sistemas, uno de Ley de Ejecución de Sanciones Penales y el de Justicia Penal para Adolescentes, pues las experiencias de cada uno de los países participantes en esta materia enriquecerán el proceso legislativo mexicano.
Comentó que “todos los países que participamos en este Seminario estamos vinculados a la Convención sobre Derechos de la Niñez, y en ese sentido, estamos trabajando hacia un mismo cometido: lograr que niñas y niños menores de edad puedan ser reconocidos como sujetos plenos de derechos.”
En ese sentido, la también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado explicó que en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes se debe eliminar todo eufemismo, pero sobre todo debe evitar criminalizar la pobreza de las y los adolescentes, “porque cuando hablamos de reeducación pareciera que ya estamos prejuiciando, porque existe la tendencia a decir que son los analfabetas los que cometen los delitos y lo mismo nos pasa con el sistema de adultos”, añadió.
Refirió que todavía hay autoridades que no entienden cuál es su responsabilidad en la protección y promoción de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, a pesar de que en la Constitución se diferenciaclaramente, desde el punto de vista jurídico, a las y losniños menores de 12 años, y a los adolescentes a partir de los 12 años y hastalos 17-18 años de edad.
“Este Seminario regional nos pude ilustrar con las experiencias que cada nación participante tiene, del perfeccionamiento de sus sistemas de justicia penal para adolescentes en conflicto con la ley; debemos aprovechar esta enorme experiencia, de aprender de las buenas prácticas, de corregir lo que tenemos que corregir, para que podamos cumplir con esta responsabilidad que tenemos con esta población, cuyo porcentaje de la población total de nuestro país no es menor”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
El Seminario, que se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, contó con la participación, entre otros, de la Dra. Martha Navarro Lobo- Directora General de Cooperación Técnica y Científica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); Dra. Immaculada Roca i Cortés – Embajadora Adjunta de la Delegación de la Unión Europea ante México; Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, Titular de la Secretaría Técnica (SETEC); Xavier Cousquer – Coordinador Temático de Justicia y Seguridad Ciudadana del Programa EUROsociAL II, Expertise France; Cristina Goñi – Secretaria General del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil; Osvaldo Vázquez, Experto del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil; Miguel Cillero, Profesor de la Universidad Diego Portales de Chile; Carlos Tiffer, Profesor del Posgrado en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica; KarynaSposato, Profesora de la Universidad Federal de Sergipe de Brasil; Juan Víctor Véliz, Programme Manager del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil;Dan Hales, Head of Strategy and CorporatePlanning en el London Mayor’s Office forPolicing and Crime (antiguo Group Manager del YouthJusticeBoard) del Reino Unido; Luis González, Responsable de Área de Estudios, Programa y Formación de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI); Marco Feoli, Viceministro de Justicia de Costa Rica; Marcela Abadía, Directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia.
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