Por: Redacción/

Desafortunadamente y pese a lo sostenido, el modelo depredador neoliberal persiste y se traduce en despojo y desalojo de las comunidades indígenas del país, donde se han dado concesiones mineras y se desarrollan megaproyectos, denunciaron ante integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, representantes de diversas etnias, cuyos datos fueron corroborados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos en México (ACNUDH), Jean Jarab.

Durante el conversatorio “Hacia una agenda legislativa garante de los derechos a la libre determinación, al territorio y a los modelos propios de desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, se escucharon diversas denuncias durante más de tres horas.

A dicho foro, celebrado en la Semana de las Culturas Indígenas, organizado por la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República –que preside la senadora Leonor Noyola– también acudieron académicos y defensores de los pueblos indígenas. Ahí, el representante del ACNUDH explicó que la violencia se ha ensañado contra los indígenas y sus defensores. A manera de ejemplo, afirmó que durante 2017 fueron asesinados siete defensores de derechos indígenas; al año siguiente, 13, y en lo que va del presente suman siete.

Al hacer un breve diagnóstico sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas mexicanos y lo que dificulta su desarrollo, Jean Jarab mencionó que el actual régimen agrario dificulta la libre autodeterminación. El modelo de desarrollo dominante no toma en cuenta las necesidades y aspiraciones de esta población, y privilegia solamente “la extracción intensiva de sus recursos, sean mineros, forestales o petrolíferos”.

El representante de Naciones Unidas expuso que en México hay más de 300 concesiones para la explotación de los recursos mineros, que debían traducirse en beneficios para las comunidades indígenas. Empero, continuó, la realidad muestra que hay daños al medioambiente y a la economía de los pueblos originarios, entre otras cosas.
De igual manera, mencionó que las llamadas consultas a las comunidades donde se ubican las minas, ha sido letra muerta o bien han causado perjuicios que han llevado a conflictos internos.

Expresó que la ausencia de una legislación en materia de derechos humanos para los indígenas del país no exime al Estado de brindarles un marco de libertades e igualdad, máxime si hay empresas involucradas.

En ese sentido, propuso que las consultas se efectúen bajo el marco internacional vigente, pues urge su reforzamiento en México.

Un tercer punto que consideró necesario destrabar para brindar autodeterminación y desarrollo de los pueblos indígenas, es el relativo a la actual legislación agraria, que no contempla la protección de la tenencia de la tierra y su uso para las diversas etnias. Al respecto, enfatizó que es menester salvaguardar sus derechos territoriales.

Bettina Cruz, en nombre de algunas comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, expuso que el actual modelo económico neoliberal trastoca los bienes naturales de diversos pueblos. Aseguró que si bien hay diversos proyectos industriales y megaproyectos de desarrollo, estos se han traducido en engaños, desalojó y despojo, ante los cuales es muy dificultosa la defensa de los derechos indígenas.

Consideró que los megaproyectos se convertirán, a la larga, en una frontera entre dos méxicos. “Hemos solicitado información en distintas instancias y a la fecha nadie nos ha explicado”. Observamos que diversos proyectos grandes, como los mineros, sólo han dejado serias secuelas, como deforestación o la desaparición de quienes protestan.

“A la fecha no hemos sido beneficiados por ningún megaproyecto en desarrollo en el Istmo. Al contrario –dijo— somos víctimas de la violencia, de la criminalización y el asesinato de los compañeros que llegan a alzar la voz. El crimen organizado también sentó sus raíces”.

El conservatorio formó parte de la semana de las Culturas Indígenas, que incluyó talleres, foros y diversas manifestaciones de arte de nuestros pueblos primarios. El broche de oro para el cierre fue el reconocimiento que hizo el Senado de la República a Yalitzia Aparicio por su participación en la película Roma de Alfonso Cuarón, quien reconoció no hablar ni haber aprendido su lengua materna por “miedo a la discriminación”.