Por: Redacción
El modelo económico capitalista es la causa estructural del cambio climático, al someter los ciclos de vida del planeta a las reglas del mercado, coincidieron en denunciar funcionarios participantes en la Mesa redonda: Procesos constitucionales en América Latina y cambio climático, realizada en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El doctor Marcos Domic Ruiz, embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado Plurinacional de Bolivia; Sair Ramses Sira Méndez, primer secretario de la República Bolivariana de Venezuela, y la ministra Ruth Alexandra Haro Mancheno, de la República de Ecuador, concordaron con esa tesis.
Ante esta amenazante problemática externaron que sus naciones han construido posturas sólidas de defensa del medio ambiente, incluidas en sus constituciones nacionales y sustentadas en un nuevo modelo civilizatorio económico y social alterno al neoliberalismo que valora el “vivir bien en armonía con la madre Tierra”, concepto que emana de los pueblos indígenas de la región.
El embajador Domic Ruiz refirió que la Carta Magna boliviana plantea el cuidado del entorno natural y el problema del cambio climático, garantizando la protección y el aprovechamiento sustentable de los recursos, la biodiversidad y el equilibrio del medio ambiente.
También garantiza que la población tenga derecho a participar en la gestión medioambiental y a ser consultada e informada previamente sobre decisiones que pudieran afectar la calidad del hábitat natural; prohíbe la fabricación y el uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la internación, el tránsito y el depósito de desechos tóxicos.
Un nuevo modelo civilizatorio que valore la cultura de la vida y la paz debe ser puesto en marcha. El mundo precisa transitar hacia la visión holística del vivir bien, profundizando la complementariedad entre los derechos de los pueblos y los derechos de la madre Tierra, lo cual implica construir una relación de equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza para restablecer la armonía con el planeta.
En representación del embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Ecuador, Leonardo Arízaga Schmegel, la ministra Haro Mancheno dijo que la nueva Constitución de ese país andino plantea otra forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, situando ésta sobre los intereses económicos en una nación integrada democráticamente, en paz y con solidaridad hacia todos los pueblos de la Tierra.
La maestra Haro Mancheno manifestó que además esboza los derechos de las personas y grupos de atención prioritarios –adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con alguna discapacidad– y de los pueblos indígenas.
El plan nacional de desarrollo, obligado a proyectarse por mandato constitucional, acata los conceptos del buen vivir, la conservación medioambiental y la lucha contra la pobreza, los cuales son ejes fundamentales.
El primer secretario de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, quien asistió en representación de la embajadora de su país, María Lourdes Urbaneja Durant, aseveró que la actual Constitución responde a los intereses del pueblo.
Para ello transformó las bases políticas, sociales y económicas como alternativa al sistema neoliberal, ofreciendo bienestar social a las mayorías.
La Carta Magna plantea un desarrollo enfocado en la protección del medio ambiente, haciendo un mejor uso de los recursos petroleros. El programa de gobierno establecido en el Plan de la Patria 2013-2019 propone contribuir a la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana, “pero el problema central es el modelo económico capitalista neoliberal”, que ha provocado el cambio climático.
A la Mesa asistieron el maestro Abelardo González Aragón, secretario de la Unidad Azcapotzalco; el maestro Miguel Pérez López, secretario de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; el licenciado Gilberto Mendoza Martínez, jefe del Departamento de Derecho, y el profesor Javier Huerta Jurado, director del Programa Editorial Alegatos.
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