- El senador morenista dijo que en la organización de Claudio X González, “Sí por México”, están decididos a hacer lo que sea necesario para sabotear la participación en el proceso de revocación de mandato.
Por: Redacción/
La versión 2.0 de la mafia del poder finalmente ha salido de las penumbras y organiza una campaña para obstaculizar el derecho de las y los mexicanos de evaluar al gobierno de la república y expresarse sobre su continuidad hasta su conclusión constitucional en 2024, advirtió el senador Salomón Jara Cruz.
Dijo que, al igual que sucedió con la consulta popular para determinar si se investigaba a los ex presidente por actos de corrupción, el PAN, el PRI, las ruinas del PRD y la organización de Claudio X González, “Sí por México”, están decididos a hacer lo que sea necesario para sabotear la participación en el proceso de revocación de mandato.
“¿Por qué le temen a la participación de las y los ciudadanos? Pues porque una ciudadanía informada, comprometida y participativa, jamás confiaría de nuevo en los corruptos de siempre, en quienes abusaron de la confianza del pueblo para saquear al país y llenar sus bolsillos”, afirmó el legislador oaxaqueño.
Comentó que propondrá un punto de acuerdo para llamar a que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue y sancione a quienes buscan sabotear el proceso de revocación de mandato que se realizará en marzo de 2022.
Jara Cruz señaló que los neoconservadores saben que el pueblo de México ratificará con millones de votos su confianza en el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la Cuarta Transformación, y eso por supuesto que no les gusta.
“Si se permite que grupos de intereses creados actúen impunemente para desalentar la participación ciudadana y atentar contra el derecho a la libre participación en consultas populares y procesos de revocación de mandato, lo siguiente que harán será intervenir procesos electorales y robar elecciones, tal y como lo hicieron en el pasado”, advirtió.
Finalmente, el senador Salomón Jara Cruz informó que presentará una iniciativa para que ese tipo de conductas, que atentan contra el ejercicio de derechos ciudadanos, sean consideradas un delito electoral
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