Por: Redacción/

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN) afirmó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) es fundamental para acercar el gobierno a la gente, transparentar su actuar y dar certidumbre a la ciudadanía sobre asuntos de Estado de los cuales desee tener conocimiento.

Consideró responsabilidad del Poder Legislativo dotar de instrumentos necesarios a esa institución, para que posea un carácter auténticamente autónomo y su ejercicio esté libre de toda injerencia partidista.

En la presentación del libro El INAI. Resoluciones Relevantes y Polémicas (12 Casos Líderes), en el Archivo General de la Nación, la legisladora apuntó: la obra sienta precedentes y da contenido al principio de progresividad de los derechos humanos, para que el derecho a la información se garantice de la manera más amplia posible, a través de este órgano constitucional autónomo.

El libro presenta diversos casos que han marcado la agenda política nacional, como el de San Fernando, Tamaulipas; el de Radilla Pacheco, la empresa Oceanografía y el derrame del Río Sonora, que demuestra la enorme trascendencia de las resoluciones del Inai y su efecto multiplicador para que los sujetos obligados cumplan cabalmente con el principio de máxima publicidad.

Este esfuerzo editorial del Inai, en conjunto con instancias académicas, ofrece de manera didáctica sus resoluciones sobre 12 casos y sienta las bases para futuros análisis de los temas, subrayó.

Expresó su convicción de que la obra incida de manera positiva en el desarrollo del derecho a la información en México, a través del Inai, y coadyuve a transparentar la vida pública “sin mediar ningún color partidista”.

Por su parte, Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Inai, destacó el gran impacto que en los últimos años ha tenido esta institución, como garante del derecho a la información, cuyo ejercicio ha consolidado la democracia en México y ha acercado a los ciudadanos a la autoridad.

Esta vinculación debe alentarse sin demagogia ni simulación, sino con flexibilidad y entendimiento, a fin de acceder a la verdad, porque la solución de los problemas debe explicarse a la sociedad. “El derecho a saber es el derecho a exigir y reclamar la información justa y precisa para entender los conflictos reales y sus soluciones”.

A través de este libro, explicó, se ofrece el análisis de 12 casos relevantes y dramáticos en el ambiente público, como el de Ayotzinapa y la apertura de la información con una averiguación previa en curso, hecho sin precedente.

Además, aborda la Estafa Maestra, el socavón del Paso Exprés, Oceanografía, la guerra sucia y San Fernando, en Tamaulipas. “La mejor defensa es un texto sólido con el conocimiento de los expertos. Con este ejercicio se empezará un camino para analizar los hechos con la interpretación de los académicos”.

Reconoció el apoyo de los legisladores al Inai, lo cual alienta una postura vertical frente a la autoridad, “a no encorvarnos y a no ser complacientes”, con el propósito de fortalecer y preservar el bien colectivo que es el acceso a saber, en beneficio de la ciudadanía.

Acompañaremos al Ejecutivo federal con acciones inteligentes, puntuales y tajantes, con el propósito de apoyar sus acciones de austeridad y anticorrupción, a través de la transparencia.

Samuel Rico Medina, director general de Servicios de Documentación, Información y Análisis (Sedia), destacó que discutir y analizar temas decisivos para el país como los que ofrece este libro fortalecen la democracia y el Estado de derecho.

Resaltó la importancia de sensibilizar a la población en torno a casos de gran interés como los que analizan los académicos en esta obra.

Cecilia Mora Donatto, coautora del libro e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló la relevancia de que quince expertos expongan un análisis crítico de las resoluciones del Inai sobre estos 12 casos, convertidos en memoria histórica del país, en cuya lectura, los ciudadanos tienen acceso a dicha evaluación ejerciendo el derecho a la información.

Rafael Estrada Michel, también coautor del libro y profesor de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), destacó que el Inai logró que se abrieran los expedientes de Ayotzinapa, a pesar del argumento de que debían reservarse por existir una averiguación previa. Se concretó gracias a la salvedad de que, si se trata de investigaciones que vulneren los derechos fundamentales o de delitos de lesa humanidad, estos en ser públicos.

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, coautor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que la transparencia de datos es muy joven en el país y aún se debe trabajar en dar plena independencia a los órganos constitucionales autónomos para que sus titulares no sean designados por cuotas de partidos o por el Ejecutivo.

El otro coautor y director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila, Luis Efrén Ríos Vega, estimó que estudiar estos casos, representa la lucha de la ciudadanía para destrabar la opacidad por parte del Estado. “Esta obra sintetiza las problemáticas que enfrenta el país en materia de corrupción y de violación a los derechos humanos, donde el Inai ha contribuido a fomentar el acceso de información a la sociedad”.

Irene Spigno, una coautora más y secretaria de la AIDH, de la Universidad Autónoma de Coahuila, apuntó la relevancia de que expertos académicos critiquen, analicen y reflexionen temas de gran impacto social, sobre todo porque la sociedad civil no tiene acceso a información efectiva, por el ambiente de desinformación y falsedad de noticias. El libro crea un puente de conexión entre los ciudadanos y el Inai, para dar a conocer hechos en un marco de transparencia.