Por: Redacción/

Las dinámicas de la violencia social están asociadas a diferentes condiciones, acciones y situaciones límite en las que el horror y el miedo cotidianos son visibilizados cada vez con mayor frecuencia mediante la amenaza y la experiencia del secuestro, sostiene el maestro José Luis Cisneros, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En un artículo publicado en el número 32 de Veredas: Revista del pensamiento sociológico de la Unidad Xochimilco de la UAM, el autor recupera las condiciones y formas en que la inseguridad social se manifiesta y es padecida, de acuerdo con narraciones en primera persona de víctimas de rapto difundidas por la prensa, así como por las estadísticas en la materia.

El secuestro es considerado uno de los problemas centrales de la sociedad contemporánea que ha escalado como parte importante de las prácticas delictivas: es una acción “de alto impacto que no sólo preocupa a las autoridades por el detrimento de la imagen de nuestra sociedad, sino también por su repercusión en la vida económica, política y cultural del país, contribuyendo, en buena medida, al rompimiento de los vínculos sociales y comunitarios”.

Los factores que determinan la acelerada violencia en la sociedad son producidos por el desvanecimiento de las garantías sociales, la falta de empleo, la ausencia de oportunidades para miles de jóvenes que tienen clausurado su futuro, la corrupción, la voracidad de la clase empresarial y la ausencia de instituciones sociales, asevera el docente del Departamento de Relaciones Sociales.

Este tipo de crimen es un sometimiento no acordado que trasgrede la dignidad humana y tiene implícito tras de sí el ejercicio de un poder que se configura en la acción organizada de un grupo de sujetos que planean y ejecutan la privación de la libertad de su víctima cuyo fin es la obtención de un beneficio económico, político o de cualquier otra índole.

En su artículo Memoria y violencia Narraciones de víctimas y victimarios de secuestro en México, el investigador sostuvo que constituye un acto violatorio de uno de los derechos fundamentales del hombre: la libertad, que no sólo atenta contra la independencia del torturado y sus familiares, sino también contra la sociedad en su conjunto.

El secuestro es un asunto complejo y actual que se ha incrementado considerablemente desde los años 2006 a 2008, pues las autoridades han reconocido que “por lo menos –y con las dudas que nos vienen de las estadísticas oficiales– son cometidos en promedio dos raptos por día”.

También es importante tomar en cuenta los casos que no son reportados, de ahí que instituciones como el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), basados en estudios de victimización o las denominadas cifras negras subrayan que en México el promedio diario de raptos no reportados es de entre 16 y 20.

El maestro en criminología subraya que se trata de un delito que no sólo afecta de manera individual, sino que trae consigo efectos colectivos que se muestran como “una espiral cuyo efecto de bumerán, en su trayectoria de regreso, toca no sólo de manera individual a sus víctimas, sino que hace transparente la debilidad de las instituciones del Estado”.

Cifras de la organización Alto al secuestro señalan que de enero a julio de 2015 se registraron 176 retenciones y que de 2012 a junio de 2015 han ocurrido 6,203 raptos, lo que implica que al mes se cometen 194, a la semana 48 y al día 7. En lo que respecta a la conformación demográfica de las víctimas, dicho reporte indica que 26.2 por ciento son mujeres y 73.7 son hombres, y las entidades donde más se presentan en orden de importancia son: Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México, Tabasco, Guerrero y Morelos.

Los números son más que eso, pues las estadísticas sólo representan la vulnerabilidad real de la sociedad frente al fenómeno de la violencia que además se recrudece “por la debilidad de los mecanismos de protección y seguridad que no sólo facultan a quienes delinquen al margen de los espacios legales, sino también a quienes, en oposición a sus funciones de cuidado y resguardo de las garantías individuales, aprovechan las debilidades institucionales para obtener beneficios personales que están fuera de sus actuaciones legítimas”.