Por: Redacción/

La industria minera de México creció en forma desmedida en los últimos 18 años, como revela la concesión de la tercera parte del territorio nacional para actividades de extracción, en particular en Sonora, Durango, Chihuahua y algunos estados del centro que son asiento de los principales proyectos –un total de 1,150 en todo el país– del sector, que sin embargo genera apenas 300 mil empleos, informó la doctora Aleida Azamar Alonso.

En entrevista para UAM Radio 94.1 FM, la docente del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dijo que el rubro aporta al Producto Interno Bruto con transformación alrededor de 4.5 por ciento, pero sin transformación apenas 0.9 por ciento y en ingresos fiscales 0.35 por ciento, es decir, no arroja grandes beneficios al país, aun cuando se cree lo contrario.

La académica explicó que el crecimiento del ramo se debe en gran medida a la demanda derivada del desarrollo tecnológico, ya que los recursos para generar energía se están acabando “y parece que retornaremos al uso del carbón como fuente, pues es lo que tiene un promedio de vida más largo”, además de que este mineral se encuentra en minas subterráneas, sobre todo en países de Asia.

La incongruencia es que las naciones ricas en recursos naturales y minerales registran mayores índices de pobreza, como es el caso de México, donde los principales metales extraídos son oro, plata, cobre, florita y plomo, y “somos el primer país en producción de plata en el mundo, el octavo en oro y el décimo en cobre”.

La doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, España, explicó que a partir de la década de los 80 del siglo pasado, con el advenimiento del modelo económico neoliberal y las reformas al artículo 27 constitucional, las tierras ejidales ya se pueden rentar o vender.

La ley minera también ha sufrido modificaciones, por ejemplo, antes las concesiones se otorgaban por 25 años y ahora se dan por 50 años, prorrogables a otras cinco décadas.

De las principales empresas extranjeras que invierten en el sector en el país, 65 por ciento son canadienses, el resto estadounidenses, chinas, australianas y mexicanas.

Desde 2002 las empresas de Canadá tienen todo un marco de acción legal, pero uno de los principios que sí se viola es el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) cuyo artículo 15 establece que se deben respetar los derechos de las comunidades indígenas y tribales.

La doctora Azamar Alonso declaró que el actual gobierno ha declarado que no permitiría la fractura hidráulica (fracking) en México ni la producción minera en áreas naturales protegidas, lo que es un buen avance para contrarrestar los daños provocados por empresas extranjeras y nacionales, debido a “su voraz explotación de los minerales de la nación”.

Esta iniciativa es positiva para frenar la devastación provocada por la extracción de petróleo y gas, y resguardar las 182 áreas protegidas, en 50 por ciento de las cuales había proyectos mineros nuevos que probablemente ya no tengan continuidad.

La profesora refirió los casos de El Salvador y Costa Rica donde impusieron la prohibición a la minería metálica, debido a los daños ambientales que estaba provocando, una medida que permite bajar el nivel de extracción para que no sea tan depredador y se haga a menor escala.

Azamar Alonso denunció que la minería genera muerte, enfermedades, accidentes, corrupción, narcotráfico, tensiones territoriales y familiares, así como destrucción ambiental, ya que en las minas a cielo abierto los territorios quedan completamente destruidos y no se van a recuperar.

Lo que ha sostenido todo este extractivismo es el modelo económico neoliberal y el sistema político que ha imperado en este país, un patrón de acumulación por desposesión, concluyó la académica.