Por: Redacción

Otra muestra de que el gobierno priista no tiene la menor intención de rectificar su conducta derrochadora, inepta, mentirosa y, por decir lo menos, deshonesta en cuanto a sus compromisos con la población aun en los momentos más difíciles es su sobregasto en 2016.

Nuevamente el gobierno de Enrique Peña Nieto se excedió al erogar 503 mil 681 millones de pesos más respecto a los ingresos y en 580 mil millones más respecto a lo aprobado en el Presupuesto para el año pasado.

Por ello, los diputados Julio Saldaña Morán, Francisco Martínez Neri y Felipe Reyes Álvarez exhortan a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a fiscalizar con mayor puntualidad las finanzas públicas de ese año y fincar las responsabilidades correspondientes para poner freno a este insultante y rapaz comportamiento de la administración priista porque se ignora a quién beneficia con tantos recursos extraídos a los contribuyentes y con tanto endeudamiento del país si la economía nacional está cada día peor.

Con base en el “Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” correspondiente al cuarto trimestre de 2016 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señalaron que el gobierno priista se burla de la sociedad mexicana con sus fingidos “recortes” al gasto público.

Lo mismo hizo en 2015, cuando excedió sus gastos en 637 mil 687 millones de pesos respecto a sus ingresos, que ese año fueron por cuatro billones 266 mil 989 millones de pesos. De este modo, pese a que en ese año también prometió “apretarse el cinturón”, el gobierno federal terminó con una erogación de cuatro billones 892 mil 875 millones de pesos.

Tanto en 2015 como en 2016, el sobregasto fue sufragado con una mayor extracción de recursos a los contribuyentes, más endeudamiento público -que como sea terminarán pagando los mexicanos sin obtener beneficios en servicios públicos o crecimiento económico- y con transferencias de remanentes de operación del Banco de México.

Por una parte, los ingresos extraídos a los contribuyentes fueron superiores en 308 mil 700 millones de pesos respecto a lo aprobado por el Congreso y superiores en 354 mil 700 millones respecto a 2015, lo que significa 12% más.

En particular destaca el aumento de 13.5% en el cobro de los impuestos Sobre la Renta (ISR), de 8.9 % en el de Valor Agregado (IVA) y 12.9% en el del Impuesto Especial Sobre Bienes y Servicios (IEPS), aunque en este caso lo obtenido por su aplicación a gasolina y diésel fue de 22.5%.

Es decir, hubo un aumento exagerado en esta recaudación por los continuos “gasolinazos” aplicados a la población.

A su vez, el endeudamiento público aumentó en 582 mil millones de pesos al pasar de cuatro billones 814 mil a cinco billones 396 mil millones de pesos. Si se considera el Saldo de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la deuda ampliada asciende a nueve billones 797 mil millones de pesos, casi el doble del presupuesto federal y más de la mitad del PIB nacional.

Supuestamente el endeudamiento de 8.7 por ciento de más en 2016 respecto a 2015 debería servir para financiar gasto de inversión y fortalecer la economía del país, pero ésta sólo creció un raquítico 2.3 por ciento, lo que ha puesto en alerta a las calificadoras internacionales.

Vale decir que, entre más baja es una valoración de éstas a un país, la confianza en su capacidad de pago es menor. En consecuencia, si se le presta será con mayores garantías y réditos, y esto hará aún más difícil su recuperación. De hecho, eso parece estar sucediendo ya, pues el endeudamiento creció cuatro veces más que la economía mexicana.

Así pues, aunque el gobierno tuvo 10.3% más ingresos por impuestos, endeudamiento y transferencias del Banco de México en 2016 respecto a 2015 al sumar cuatro billones 840 mil 902 millones de pesos, éstos no fueron suficientes para cubrir el total de cinco billones 396 mil 301 millones de pesos que malgastó el año pasado.

Para los diputados del PRD es claro que el gobierno de Enrique Peña Nieto se burla una y otra vez de la población mexicana para beneficiar a unos cuantos individuos, lo que no deben ignorar las autoridades fiscalizadoras y ministeriales del país, así como tampoco los verdaderos representantes populares en el Congreso de la Unión, pues en muchos casos el derroche y desvío de recursos no sólo raya en lo delincuencial, sino en lo criminal, como lo muestra la situación en varios estados de la República.