Por: Redacción

En la Secretaría de Gobernación se llevaron a cabo hoy una serie de mesas de trabajo en el marco del foro para la elaboración del proyecto de iniciativa de la Ley General para la búsqueda de personas no localizadas y la prevención y sanción del delito de desaparición forzada.

En el evento, encabezado por el Subsecretario de Derechos Humanos de esta Secretaría, Roberto Campa Cifrián, y por el gobernador del estado de Coahuila y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Rubén Moreira Valdez, se atendieron temas como el sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas, registro nacional forense de identificación de personas, atención a víctimas y reparación de daños, así como en materia penal y de sanciones.

El Subsecretario Campa Cifrián señaló que es necesario contar con una ley que sea capaz de definir las obligaciones, las competencias, los procedimientos, los tiempos y las sanciones que permitan atender de manera eficaz este tema.

Ante autoridades en materia de derechos humanos y de procuración de justicia de las entidades federativas, el Subsecretario apuntó que la búsqueda de personas no localizadas es un tema central en la necesaria reconciliación entre los mexicanos.

Indicó que la elaboración del proyecto de iniciativa de esta ley requiere de la experiencia y conocimiento de quienes tienen la responsabilidad de esta tarea en cada una de las entidades federativas.

Expresó a los asistentes que este espacio tendrá una retroalimentación de los funcionarios públicos para construir el proyecto de Ley General. Reconoció la importancia de que las entidades federativas y el Distrito Federal se sumen a este esfuerzo conjunto.

Por su parte, el gobernador Moreira Valdez apuntó que ante el reclamo de la sociedad mexicana y en respuesta a ello, es importante trabajar para generar los instrumentos legales en la materia.

En el evento inaugural de las mesas, el gobernador de Coahuila destacó que esta jornada de trabajo representa un ejercicio para integrar las diversas perspectivas y los mecanismos con los que se afronta la problemática del delito de desaparición forzada en las entidades federativas.

En tanto, integrantes de organizaciones civiles plantearon a los funcionarios que el gobierno conceda beneficios a delincuentes que aporten información para localizar a personas desaparecidas.