Por: Redacción/

En vista de los antecedentes del uso de programas sociales por parte del Gobierno Federal en los pasados procesos electorales, se requiere que las dependencias involucradas en el manejo del programa “Prospera” aclaren los movimientos presupuestales atípicos durante la actual contienda, exigieron Alicia Barrientos Pantoja y Juan Romero Tenorio, diputados federales de Morena.

“En Morena sabemos, porque lo hemos sufrido en carne propia, que el trasiego de los recursos financieros de los programas sociales es una constante del gobierno en tiempo de elecciones. Nuestros principios y códigos de conducta nos obligan a denunciar y a oponernos a esas prácticas, que se han convertido en verdaderos obstáculos a la consolidación de una democracia sana, viable y eficiente”.

Derivado de ello, ambos presentaron un Punto de Acuerdo para que las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL); Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de la Función Pública (SFP), así como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), presenten un informe que aclare el origen y legalidad de los movimientos inusuales del gasto de dicho programa durante el primer trimestre de 2018.

“No queremos pensar que esos gastos atípicos del programa ‘Prospera Inclusión Social’ tengan que ver con los procesos electorales en curso. Tampoco queremos especular al respecto, ni lanzar denuncias al aire. Preferimos instar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que solicite la información oficial, las explicaciones y justificaciones de estos movimientos inusuales”, puntualizaron.

En su documento –registrado hace dos días ante la Comisión Permanente–, subrayaron que esas dependencias y el organismo electoral deben investigar el ejercicio de los recursos públicos y el posible uso discrecional de los mismos en la ejecución del Programa Presupuestario S072 “Prospera”.

“Este programa insignia del actual Gobierno Federal, es el botón de muestra de cómo se utilizan o pueden utilizarse de manera irregular, e incluso ilegal, los programas sociales, lo mismo en la Federación que en los estados y los municipios”, recalcaron.

Ello, apuntaron, gracias a que “Prospera” atiende a más de seis millones de familias en México a partir de sus tres componentes básicos: alimentación, educación y salud, a los cuales se agregan cuatro líneas de acción que no estaban consideradas en los programas “Oportunidades” ni “Progresa”, y que son inclusión productiva, laboral, financiera y social.

Destacaron que en 2017 se asignaron 85 mil 711 millones de pesos en términos reales al citado programa y reportó un ejercicio pagado de 29 mil 163 millones, al primer trimestre, mientras que en 2018 tuvo una asignación de 82 mil 199 millones de pesos netos, de los cuales ha reportado un ejercicio pagado de 38 mil 642 millones en los primeros tres meses.

Barrientos Pantoja y Romero Tenorio apuntaron que esto representa un incremento de 32.51 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, cifra que no explica salvo si se trata de un mayor número de familias beneficiarias o al incremento sustancial de los apoyos alimentarios, educativos o de salud para los beneficiarios.

“En su oportunidad, Morena alertó y previno sobre la utilización de los programas sociales con fines electorales. Es probable que ahora mismo estemos, una vez más, ante una práctica de esa naturaleza. En algún momento se acordó la necesidad de que la Cámara de Diputados revise y dictamine las Cuentas Públicas de 2015, 2016 y 2017, del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ello no ha ocurrido”, concluyeron.