• El desmantelamiento del aparato interventor e industrializador ha tenido amplias consecuencias, como la notable reducción de personal técnico que planificaba la actividad estatal.

Por: Redacción/

“Los dos años recientes hemos visto esfuerzos por modernizar la gestión pública y reformar al Estado mexicano –reducido a una expresión mínima en las décadas pasadas– con el objetivo de recuperar la capacidad de conducción de los procesos socioeconómicos y públicos del país”, afirmó el doctor Jaime Leopoldo Ramírez Faundez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El gobierno de la llamada Cuarta Transformación ensaya salidas al proyecto neoliberal, imaginando un sistema que atienda las necesidades ciudadanas, principalmente con la recuperación de los niveles de desarrollo y abatiendo la corrupción, la desigualdad social y la violencia.

Cada una de esas tareas es monumental, además de que esta propuesta de reforma del Estado es encabezada por un régimen progresista, lo cual implica la búsqueda de modalidades nuevas de reinserción de la economía nacional a los flujos y redes globalizadores, argumentóen la Mesa: Estado gobierno y políticas públicas, del II Coloquio de investigación en administración. La investigación en administración durante la pandemia.

El profesor del Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco, mencionó que el desmantelamiento del aparato interventor e industrializador ha tenido amplias consecuencias, como la notable reducción de personal técnico que planificaba la actividad estatal, un grupo conformado desde la década de 1930 que fue responsable del desarrollo logrado hasta finales de los años 70 del siglo pasado.

Sin embargo, ese proceso no significó una reducción de la burocracia, pues siguió creciendo para cumplir con las tareas de un Estado clientelar y se multiplicaron el saqueo y la corrupción, así como el deterioro acelerado del estado de Derecho, destacando la asociación delictuosa de altos funcionarios para apropiarse de recursos públicos, inclusive en alianza con el crimen organizado, en particular el narcotráfico.

En la ponencia Problemas de la gestión pública a los dos años de la Cuarta Transformación advirtió que la corrupción generalizada –junto con una respuesta parcial de las autoridades a los grupos de presión que inciden de manera decisiva en las políticas coyunturales y a mediano plazo– ha permitido la fragmentación de segmentos de intereses al interior del aparato estatal.

Por todo ello es que el Poder Ejecutivo se propone una refundación del Estado para atenuar la enorme desigualdad social, sobre la base del respeto de los derechos y las garantías fundamentales, en particular la educación, vivienda y salud.

En México se están implementando cambios institucionales que no están del todo claros y cuya efectividad está ligada a una enorme voluntad política y compromiso. Los actores políticos y sociales se reagrupan en torno a dichas modificaciones, mientras se analiza el modelo nacional en los flujos y evolución globalizadora.

En dos años, el gobierno tuvo que adoptar como suyo el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que no cambia la forma de inserción sino que privilegia lo que ya estaba presente, excepto en materia de petróleo, pero el sistema financiero sigue limitando las posibilidades de desarrollo nacional.

“Resulta complicado saber si será posible reformular el Estado construido en la fase neoliberal, hacia uno de bienestar en el contexto de la globalización, pero desde la Institución debemos seguir analizando los cambios estratégicos radicales a nivel internacional, así como los mecanismos para delinear una nueva naturaleza y funciones que refrenden los conceptos de soberanía y universalidad de los derechos, frente al liberalismo que postula la desaparición del Estado”.

Las maestras Alma Patricia Aduna Mondragón y Erika Janett Chávez Gutiérrez, profesoras de las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa, respectivamente, señalaron que la gestión de Andrés Manuel López Obrador se afianzó en sus tareas con la reforma del Artículo Tercero Constitucional para incluir la gratuidad y el carácter laico de la educación básica, media superior y superior.

La obligatoriedad de la educación –pública y laica– desde primaria hasta universitaria “se ha fortalecido con los cuatro pilares esgrimidos: aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser”.

Las acciones gubernamentales “no son improvisadas, sino que responden a problemas y demandas que datan de varias décadas. Entre las más importantes destacan las becas otorgadas a estudiantes y la creación de cien campus universitarios Benito Juárez García”.

Con la ponencia Políticas educativas en la Cuarta Transformación, la maestra Chávez Gutiérrez admitió que es pronto para evaluar el impacto que tendrán, aunque “es importante incidir en la materia para generar capital social en la sociedad civil y, por ende, mejorar la capacidad de los seres humanos en el afán de lograr una sociedad más justa”.