Por: Redacción/

Más allá del discurso, el gobierno de México debe demostrar de manera clara que valora la vida y los derechos ciudadanos por igual, pues sólo así será evidente una modificación sustancial en las prioridades y que el país se encuentra en el camino hacia un cambio de régimen, afirma el doctor Ángel Mundo López, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Este planteamiento surgió de la Guía Bioética para Asignación de Recursos Limitados de Medicina Crítica en Situación de Emergencia, publicada y que en su momento generó gran controversia por priorizar la vida de los pacientes jóvenes sobre la de los adultos mayores, además de carecer de sustento jurídico.

El doctor en Ciencias Sociales recuerda en su artículo Cumplimiento normativo y valoración de la vida en la 4T que una de las críticas más subrayadas al documento fue la proveniente del politólogo Sergio Aguayo, quien denunció la falta de previsión para atender la crisis sanitaria originada por la pandemia del COVID-19 y el menosprecio por la existe de las personas mayores.

Días después, el Consejo de Salubridad General (CSG) rectificó y emitió un nuevo texto que da prioridad en la asignación de los recursos limitados de medicina crítica a pacientes con un mejor puntaje, determinado por los equipos de triaje de cada hospital.

Ante la reacciones desfavorables, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que cuando se plantea “si hay que optar entre salvar la vida a un joven o a un adulto mayor, los médicos tienen un código ético, no sólo en México sino en el mundo, que no coincide necesariamente con el pensamiento de todos” y en esto “el primer mandatario tiene toda la razón, pues se trata de un asunto que de manera cotidiana los hacedores de políticas enfrentan, ante la obligación de solucionar problemas sin los recursos suficientes, por lo que es conveniente disponer de criterios pertinentes para seleccionar entre opciones subóptimas, que a su vez plantean dilemas éticos.

Los criterios preliminares del borrador de la Guía –a pesar de que proceden de integrantes de una administración que se asume como posneoliberal– terminaron evidenciando una égida económica al momento de valorar la vida humana, pues, “más que tratarse de un asunto de justicia, como argumentó el secretario del CSG, expresaba una valoración centrada en lo que la persona podría producir en la vida-por-completarse”, criticó.

Mundo López puntualizó la escasa importancia que el gobierno federal da a los procedimientos legales que deben orientar su actuación, ya que haber divulgado el documento sin cumplir con el marco jurídico conducente “es un eslabón de una larga cadena de omisiones normativas”.

Desde hace varios meses se debieron oficializar los programas sectoriales que derivan del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pero ninguno ha aparecido en el Diario Oficial de la Federación.

Especialistas en análisis del costo-beneficio de proyectos señalan que a pesar de que parece descabellado calcular este factor en los casos de vidas salvadas o mejoradas, se trata de algo frecuente en la evaluación de programas sociales.

Al valorar el impacto de una política para establecer su continuación, rediseño o eliminación, también se dispone de distintas herramientas, pero la predominante favorece la realización de ejercicios experimentales que implican la conformación de dos grupos: uno experimental –que recibirá los beneficios– y otro de control. A ambos se les aplican por lo menos dos mediciones, una antes de la implementación –para establecer la línea basal– y otra posterior para identificar los cambios, añadió el profesor investigador del Departamento Política y Cultura de la Unidad Xochimilco de la UAM.

Este enfoque genera un dilema ético, pues deja sin apoyo alguno al grupo de control a sabiendas de sus necesidades y carencias. Por esas razones, “la toma de decisiones cuando se trata de salvar la vida de varias personas en un contexto de escasez es compleja, pero se vuelve todavía más en la actualidad por el desafío que representa combatir al coronavirus” COVID-19.