Por: Omar Marroquín
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se retira insatisfecho de México el próximo 30 de abril.
En palabras de Ángela Buitrago, ella y el resto de sus compañeros que conforman el GIEI, se marchan con un “mal sabor de boca” porque los objetivos primordiales de su investigación no se cumplieron, y en su último informe, las razones de su fracaso son contundentes y contrastan con el optimismo del gobierno federal.
“Las condiciones que se crearon a partir de enero dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR limitaron el avance de la investigación, ya que el equipo no contó con la independencia, ni la información necesaria para realizar adecuadamente su trabajo” acusó el GIEI.
El grupo de expertos designados en marzo de 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó la realización de más de 900 pruebas, de las cuales sólo el 81% del total se cumplieron hasta la semana pasada.
El 16, 17 y 18 de abril de este año recibieron 65 declaraciones que, en su mayoría, solicitaron a la PGR desde noviembre de 2015. También recibieron distintos documentos y otras pruebas que se integraron en los últimos cuatro tomos del caso Ayotzinapa y que ya no analizaron por el poco tiempo que les resta en el país.
“La celeridad con que actuó la PGR en la última semana contrasta con la dilación y demora que existió en los últimos cuatro meses del segundo mandato y confirma que estas diligencias pudieron realizarse de manera coordinada y ordenada durante todo este tiempo” declaró con firmeza Ángela, durante el último informe del GIEI en el claustro de Sor Juana.
Frente a ella, familiares de los normalistas desaparecidos y de los jugadores del equipo Los Avispones –quienes quedaron en el fuego cruzado la noche del 26 de septiembre en Iguala – escuchan los puntos muertos de la investigación que, hasta la fecha, al igual que la verdad histórica del gobierno mexicano, evidencian el misterio sobre el paradero de sus hijos, nietos, sobrinos o primos durante la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de Los Avispones, equipo defútbol atacado en la noche de Iguala. Fotografía: Gustavo Ferreyra
El quinto autobús y el oro rojo de Guerrero
La brutalidad con la que fueron atacados los estudiantes de Ayotzinapa es uno de los aspectos más intrigantes del caso. ¿Por qué los policías municipales de Iguala, coludidos con el cártel Guerreros Unidos, reaccionaron con tal ferocidad ante el robo de cuatro autobuses?
El GIEI formuló una hipótesis basada en el hallazgo de un elemento desapercibido que podría explicar la violencia desmedida: un quinto autobús que, los estudiantes sin saberlo, transportaba goma de opio; el ingrediente principal de la heroína.
Al robar este autobús, los estudiantes fueron confundidos con narcotraficantes del cártel rival, Los Rojos, situación que concuerda con las declaraciones de los sicarios de Guerreros Unidos que confesaron haber incinerado a los 43 en el basurero de Cocula.
Para corroborar su hipótesis, además de solicitar apoyo al FBI para conocer si el autobús presentado por ellos es el mismo que salió de la central camionera de Iguala, el GIEI se concentró en las investigaciones existentes en Estados Unidos contra integrantes de Guerreros Unidos.
La Fiscalía del Estado de Illinois el 8 de diciembre de 2014 presentó un caso contra Pablo Vega, su cuñado Alexander Figueroa y otros involucrados, acusados de importar narcóticos, heroína y cocaína de México hacia Illinois en autobuses comerciales de pasajeros que viajaron de México hacia Chicago.
El GIEI solicitó que la PGR enviará solicitudes de información específicas sobre el caso de Chicago. En cambio, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales en dos ocasiones envió solicitudes genéricas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América que impidió respuestas con información oportunas, situación incomprensible para los expertos.
Los celulares de los normalistas, activados luego del incendio en Cocula
En la investigación 001-2015, el GIEI encontró información que sacudiría una parte de la verdad histórica de la PGR: teléfonos y chips de normalistas registraron activaciones después del 27 de septiembre 2014, hecho que por sí solo contradice que todos estos artefactos fueran incinerados esa noche en la hoguera del basurero de Cocula.
“Incluso en uno de los casos, uno de los normalistas se comunicó con su madre vía telefónica a la 1:16, información que tampoco encaja con esa teoría, según la cual los estudiantes estarán muertos a partir de las 12:00 de la noche” enfatizó Claudia Paz y Paz, una de las expertas independientes.
EL GIEI solicitó en distintas oportunidades a la PGR verificar la identidad de estos números telefónicos referidos en llamadas de inculpados clave, lo cual nunca se realizó. La identificación de las personas con las que sostuvieron comunicación en horas y días clave permanece incompleta.
Los expertos del GIEI leyendo su último informe. Fotografía: Gustavo Ferreryra.
Opacidad y pasividad del Ejército mexicano
Desde el año pasado, el GIEI solicitó entrevistar a integrantes del 27 Batallón de Infantería (Iguala) que estuvieron activos esa noche en labores de vigilancia e investigación de hechos relacionados con la desaparición de los 43, como la llegada de un normalista herido a la clínica Santa Cristina, la custodia del camino donde apareció desollado Julio César Mondragón y, parcialmente, las operaciones del C4.
“La negativa del Estado Mexicano a permitir a los miembros del GIEI estar presentes durante las entrevistas a estos funcionarios militares, limitó la posibilidad de lograr el esclarecimiento pleno de los hechos” enfatizó la ex fiscal de Guatemala.
En el informe del GIEI, se reitera implícitamente que el Ejército mexicano mantuvo acciones pasivas ante la balacera y persecución de los normalistas. “Un miembro del 27 batallón tomó fotografías al menos en la zona del Palacio de Justicia donde se encontraba el autobús Estrella de Oro 1531, justo en el momento en que los policías estaban destrozando el autobús, bajando, golpeando y deteniendo a los normalistas” abunda.
Las fotografías les fueron entregadas en una diapositiva PowerPoint, y cuando solicitaron las originales a través de la PGR, se les informó que el Batallón de infantería no las posee por tratarse de imágenes captadas con el celular personal de un soldado.
Al GIEI también se les negó su solicitud de analizar el equipo de cómputo militar en el que el soldado descargó las fotografías, con el objetivo de verificar que éstas no fueron alteradas.
La cooperación entre el GIEI y el Ejército mexicano fue uno de los aspectos del caso Ayotzinapa más polémicos para la opinión pública. Por su parte, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) sostiene que la ley impide a los militares actuar fuera de sus cuarteles si no es bajo petición de la autoridad civil, algo que no ocurrió esa noche, y que de haber pasado habría puesto a los soldados bajo el mando del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, actualmente preso en el penal del Altiplano por sus nexos con Guerreros Unidos.
El papel de la Policía Federal en la tragedia de Iguala
En sintonía con la investigación más reciente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el GIEI desde el 6 de septiembre de 2015 afirmó que la Policía Federal (PF) participó en los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
En el informe de la CNDH, un testigo protegido que se encontraba en el lugar de los hechos señaló que aquella noche en las inmediaciones del Palacio de Justicia llegaron elementos de la PF cuando policías municipales detenían a los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.
Otros testimonios de normalistas sobrevivientes señalan que en la colonia Pajaritos, elementos de la PF, a punta de cañón, bajaron a estudiantes de Ayotzinapa que viajaban en el quinto autobús Estrella Roja. “Hay que recordar que en dicha zona se encontraba también un agente de inteligencia del ejército mexicano, el soldado M., reportando lo sucedido a sus superiores” enfatiza el informe.
El GIEI señala que estos hechos deben ser investigados en profundidad para establecer el papel y conocimiento que los agentes de la Policía Federal tenían sobre los ataques a los normalistas, el operativo que se estaba desarrollando contra los autobuses, así como los móviles de dichas acciones incluyendo el posterior ataque a Los Avispones y otros vehículos que pasaron por el crucero de Santa Teresa, donde se reportaron las primeras víctimas civiles por la balacera indiscriminada.
Además, se ratificó que hubo llamadas entre un número de teléfono de la Policía Federal y el entonces Secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores -ahora prófugo de la justicia-, en los momentos claves de los hechos.
Respecto al contenido de estas comunicaciones, indica el informe, así como la identidad del usuario, deben determinarse con seguridad, pero el GIEI señala que las pruebas de las antenas de telefonía muestran que se trataría de Policía Federal. La investigación de esta información es clave para establecer el nivel de comunicación entre ambos niveles de gobierno.
Claudia Paz y Paz calificó las acciones de la Policía Federal en aquella noche como “actos displicentes que no cumplen con los estándares de calidad que se esperan de una institución porque no practicó ninguna diligencia ni investigación” sobre los hechos que ocurrían frente a ellos.
Activismo durante el último informe del GIEI. Fotografía: Gustavo Ferreryra.
Las recomendaciones de los expertos
El final de la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa no significa que se termina la búsqueda de los 43 normalistas. “Las investigaciones deben continuar y su información debe ser contrastada con otras fuentes, siempre con la participación de peritos expertos y con el uso de la tecnología para cada caso” dijo Carlos Beristaín, otro de los expertos independientes.
En su trabajo en México, el GIEI no se limitó a la investigación del caso Ayotzinapa. Actualmente en el Congreso de la Unión se discute una iniciativa de Ley de Desaparición Forzada, para la cual los expertos independientes hicieron dos recomendaciones basadas en la prevención, búsqueda, sanción, derecho a la verdad y garantía de no repetición.
Como parte de su experiencia en el sistema legal mexicano, los expertos hicieron 22 recomendaciones para efectivizar la impartición de justicia, entre las que destacan: disminuir la formalidad y burocracia del sistema legal, eliminar la preponderancia de las pruebas testimoniales y confesiones; mejorar la calidad y el método en la toma de esas declaraciones; aumentar el valor de la prueba pericial y objetiva; independizar los servicios periciales de la PGR; realizar análisis de contexto que permitan investigar patrones y responsabilidades.
“En el caso de Ayotzinapa, nos llama la atención que no hay ningún análisis sobre el tráfico de estupefacientes. El estado de Guerrero es el primer productor de heroína de este país. Las laderas de Cocula están llenas de amapola. Tampoco hay análisis financiero de los presuntos responsables, es decir, cuánto dinero tienen y qué patrimonio ostentan” manifestó, sorprendido, Beristaín.
Al finalizar el informe y las recomendaciones, activistas eufóricos ofuscaron los aplausos del resto del recinto. “¡No se vayan! ¡Este es un gobierno asesino!” pedían a gritos, desplazando de la primera fila los asientos vacíos reservados para los altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Gobernación y PGR que no se presentaron al último informe del GIEI.
Ausencia. Fotografía Gustavo Ferreryra.
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