• No se trata de un asunto de corto plazo sino de una crisis que podría durar años, sobre todo para los no beneficiarios, aseguró la experta.

Por: Redacción/

Si bien el gobierno de México ha intentado rescatar a los sectores más vulnerables de la población, su política “no sólo es inadecuada en términos de cobertura sino también en cuanto al tiempo de respuesta”, aseguró la doctora Aleida Azamar Alonso, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Los programas de gasto social no están diseñados para encarar “la situación que estamos atravesando, toda vez que no se trata de un asunto de corto plazo sino de una crisis que podría durar años, sobre todo para los no beneficiarios”, sostuvo en la conferencia Retos y perspectivas que enfrentan los trabajadores y la sociedad en América Latina ante el COVID-19.

En 2021 es probable que al menos una tercera parte de los mexicanos padezca un problema de liquidez extrema, con mayor fuerza debido a la falta de ingresos por las restricciones en las actividades económicas y el desempleo, derivado también de la emergencia sanitaria y que puede durar décadas.

La académica del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco expuso que tampoco ayuda la obstinación de la administración federal en su política de austeridad, pues lo que se requiere ahora es que gaste en obras de valor público y privado para reactivar la economía.

Más allá de los megaproyectos, se requieren obras que puedan ayudar a los segmentos más vulnerables, con la creación de puestos laborales a través de iniciativas que permitan a mantener los que están activos, sobre todo cuando no hay un programa orientado a combatir el desempleo, que de momento pareciera estar en cierto control, pero que en un par de meses podría sumar a millones de afectados, así como a las pequeñas y medianas empresas.

El país tiene un elemento adicional que agrava las condiciones de vida: más de 56 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) –31 millones de personas– está en el sector informal y no es considerado, pese a que genera 22 de cada cien pesos que se gastan en México.

La contingencia sanitaria reveló un sinfín de dificultades que “todos conocíamos, pero ahora se notan más los riesgos que corren los sistemas sanitarios –públicos y privados– al haberse mostrado la absoluta incapacidad de los gobiernos de varios países –desarrollados y subdesarrollados– para buscar una solución conjunta, aun con el número creciente de fallecidos”.

En diversos foros políticos se ha discutido sin temor alguno “que lo que nos trajo hasta aquí es un sistema económico productivo roto, que no podemos sostener porque está fuera del control humano, como se muestra en América Latina, que registra su peor caída económica en los últimos cien años y que tardará en recuperarse”.

Aun antes de la emergencia por la pandemia, los países de la región tenían desafíos en materia de crecimiento y otros factores sociales, “lo que dejará un saldo de 36 millones de individuos más en pobreza extrema y el desempleo alcanzará 8.4 por ciento”.

Los avances logrados en tres décadas “se borran de golpe y la crisis que estamos viviendo evidencia un problema sistémico, netamente estructural, que América Latina enfrenta y vamos en la línea de que el modelo económico en el área está agotado”, advirtió la también coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables.

El maestro Juan José Carrillo Nieto, investigador del Departamento de Política y Cultura de esa sede universitaria, expuso que el megaproyecto del Tren Maya es 40 veces mayor al presupuesto de las 32 universidades Benito Juárez que se construyen en todo el país, lo que lleva a contradicciones aunque haya un discurso progresista.

Hay discordancias sobre cómo se ejercen los recursos, qué decisiones se están tomando y si realmente éstas tratan de transformar de fondo la estructura social y económica del país.

En México no toda la población cuenta con seguridad social debido a los niveles de informalidad laboral, lo que lleva a replantear dos grandes retos: cómo hacer que el acceso a la salud sea universal y se convierta en un derecho, y qué hacer para generar trabajo formal.