Por: Redacción

La Comisión Ejecutiva Nacional de la Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala, CNPA MN, que encabeza Francisco Jiménez Pablo y el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) acusó hoy a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ser omisa y cómplice en algunos casos de que los derechos humanos no sean respetados, pues no actúa con responsabilidad, ni ética, ni determinación ante quienes violan los derechos humanos, como tampoco lo hace ante los gobiernos e instituciones del Estado mexicano que no acatan las recomendaciones que la propia CNDH ha emitido.

“Tanto publicita la CNDH en radio y televisión que la ciudadanía acuda a ellos ante cualquier violación a sus derechos humanos, que tristemente solo queda en publicidad, porque en la práctica resulta omisa en el mejor de los casos”, señaló Francisco Jiménez Pablo, dirigente de la CNPA-MN e integrante del FICAM.

Prueba de ello, aseguró, desde el 20 de Noviembre de 2015, se solicitó a la CNDH iniciar el procedimiento establecido en el artículo 45 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la fecha no lo ha hecho bajo distintas argucias, pareciera que su tarea principal fuera la de protegerle las espaldas al exgobernador de Chiapas o hacerle llevadero el tema al gobernador Manuel Velasco Coello que injustificada e incomprensiblemente se niega a acatar dichas recomendaciones.

Argumentó el FICAM que si las diferentes dependencias del Gobierno Federal junto con los otros dos niveles de gobierno violan sistemáticamente los derechos humanos en nuestro país, las instancias que deberían de velar por salvaguardarlos legal y moralmente, se han convertido en simples instrumentos de los gobierno estatales, nos referimos a las Comisiones de Derechos Humanos que cada gobierno estatal genera más por protocolo que por real interés de promoverlos y respetarlos.

Igualmente La Secretaría de Energía (SENER) ha sido junto con la Comisión Nacional de Hidrocarburos formada como producto de la Reforma Energética la responsable de estar entregando en pedazos nuestro suelo patrio en las licitaciones que se han venido realizando en las diversas rondas.

Ni la SENER, ni la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) han consultado a cientos de pueblos indígenas que serán seriamente afectados en su territorio, la SEMARNAT “emite Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) como si fueran pan caliente”, con lo cual tanto la SENER como la SEMARNAT violentan el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las dependencias antes señaladas, vienen violando sistemáticamente los derechos de nuestros pueblos, utilizan grupos de choque y la política del miedo para conseguir que las comunidades dejen de luchar y resistir, como el lamentable y condenable hecho en la región de Mal Paso, Chiapas donde están los tres niveles de gobierno y el ejército amedrentando a la población con una nueva erupción del volcán chichonal para con ello facilitar el despojo a decenas de comunidades de dicha región pues han decidido entregar esas tierras para perforación y extracción de petróleo a través de 12 pozos.

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se niega a toda costa a ratificar las concesiones de agua a ejidos y comunidades indígenas y campesinas, pero a empresas trasnacionales, aparte de darles concesiones, les facilita la perforación de pozos profundos en cuencas hidrológicas las cuales según sus propias palabras se están agotando.

Un ejemplo de ello, está el Valle de Perote, Veracruz donde a la empresa canadiense Granjas Carroll le han autorizado pe4rforación de pozos profundos, pero a decenas de comunidades de la región se les niega la ratificación de sus concesiones, misma situación sucede en el Valle de Etla, Oaxaca; también la CONAGUA le niega a las comunidades la perforación de pozos de agua tanto para consumo doméstico como agropecuario.

Al continuar con su jornada de protesta y en rechazo a la Reforma Energética y al gasolinazo, el FICAM, exige:
1. Alto al saqueo de la riqueza nacional y al despojo de tierras a comunidades indígenas y campesinas.
2. Ni un Manifiesto de Impacto Ambiental más de parte de SEMARNAT, sin consultar antes a los pueblos indígenas.
3. Renovar y/o ratificar las concesiones de agua a comunidades indígenas y campesinas, No a la privatización del agua.
4. Ley de consulta para los pueblos indígenas.
5. Acatar por parte del gobernador de Chiapas y Puebla, las recomendaciones 064/2011, 11/2013 y 54/2016 emitidas por la CNDH y su cumplimiento de reparación integral del daño.