- De acuerdo al estudio “Impunidad Feminicida” de la RED TDT, la violencia feminicida ha aumentado en los últimos años, a su vez, los marcos legales existentes han sido ineficaces para la prevención, sanción y erradicación de estos delitos.
Por: Oscar Nogueda y César H. Dorado/
La violencia de género se ha instalado en el territorio mexicano desde varias décadas atrás, y ha dejado ver que las políticas públicas aplicadas para erradicarla no tienen resultados. Ejemplo de ello son los 10 feminicidios que se registran al día en el país. Esta problemática pone en evidencia las deficiencias de las estrategias de seguridad, al mismo tiempo lleva a familiares de las víctimas a realizar sus propias investigaciones frente a la inacción de las autoridades.
A esta situación, se le suma el poco reconocimiento al problema por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que sus constantes declaraciones niegan que exista un crisis de feminicidios. De acuerdo al estudio “Impunidad Feminicida” de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT), la violencia feminicida ha aumentado en los últimos años, a su vez, los marcos legales existentes han sido ineficaces para la prevención, sanción y erradicación de estos delitos. “Esta situación genera un contexto de impunidad, dificultades para el acceso a la justicia y una estigmatización hacia las mujeres”.
El caso de Elideth Ríos Cabrera, quien fue asesinada el 22 de junio en la Colonia Metropolitana Primera Sección, en el Municipio de Nezahualcóyotl, ejemplifica la impunidad y el desconocimiento de las autoridades mexiquenses en protocolos para actuar en casos de feminicidio. Su padre, Gerardo Ríos Castellanos, al igual que muchas personas, se ha enfrentado a los fallos que han tenido las autoridades del Estado de México para darle continuidad a la investigación de su hija.
“Él le llamó primero a mi otra hija. Le dijo que lo disculpara por lo que había hecho y que pronto se enteraría. Después me llamó a mí, diciendo que había drogado y asesinado a Elideth”, dijo Ríos Castellanos.
El viacrucis judicial del feminicidio
Desde que sucedió el feminicidio, el padre de Elideth se enfrentó con las autoridades del municipio, ya que habían tardado más de dos meses en emitir una orden de aprehensión en contra del presunto culpable. “Las autoridades de Neza decían que no había elementos suficientes y pues dije, yo lo estoy acusando directamente. Que no había elementos suficientes, me repetían”.
La orden de aprehensión no fue el único trámite que demoró, a ello se une la falta de atención tanto de los policías municipales, como de peritos y fiscales para desalentar las denuncias por parte de los familiares de las víctimas.
De acuerdo al Protocolo de Actuación del Delito de Feminicidio de la FGJEM, las autoridades competentes que tengan conocimiento del hecho “deben de iniciar de oficio y sin dilación, una investigación con perspectiva de género, eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles”.
Fotografía: César H. Dorado
En entrevista para Mugs Noticias, Ana Yeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), destacó que “lo que está haciendo el Estado de México es seguir conteniendo y resistiéndose a la investigación con perspectiva de género. Y aunque dicen que supuestamente aplican el protocolo de feminicidio pues, nosotras no cuestionaríamos si no tienen acreditado el tipo penal, como un primer elemento”.
Uno de los comunes denominadores de los casos de feminicidio, como el caso de Elideth Ríos, es la filtración de fotografías explícitas de la víctima en diferentes medios de comunicación.
Es decir, no sólo son los Ministerios Públicos quienes no ofrecen la atención correspondiente a los familiares, sino también otros servidores. “Al hecho se suma la indiscreción de los policías a la hora de entrevistar, la falta de preparación o su hostilidad. La policía es quien vende las imágenes del lugar del hallazgo a los medios de comunicación de la nota roja, y pues este es el primer paso para la revictimización”.
Lo siguiente estaría incumpliendo con el protocolo de actuación de la FGJEM, ya que éste indica que las autoridades que intervengan en un caso de feminicidio deberán respetar la dignidad de las víctimas, sobrevivientes y familiares. También deberán tratar con respeto y dignidad a las mujeres fallecidas, esto incluye garantizar la preservación y respeto al cadáver.
Otro obstáculo para realizar la orden de aprehensión, es que el presunto feminicida cuenta con dos identidades. “Me dijeron que no podrían dar la orden por el nombre, porque eso podría hacer que se fugara si lo capturaban y él daba otro nombre”, señaló Ríos Castellanos.
De acuerdo a la Fiscalía, en 2011, el supuesto feminicida Omar N, como se señala en la orden de aprehensión del caso de Elideth, ya había sido sentenciado a 122 años de prisión por un doble homicidio, escapando del Reclusorio Oriente bajo el nombre de Erick Hernández Camacho.
“Todo lo archivan, y si no estás sobre ellos para que lo medio busquen, no hacen nada. Lo que hacen todos ellos es cansar a la gente”, enfatizó Gerardo Ríos. La falta de intervención de las autoridades generó que el padre de Elideth comenzara a recaudar información respecto a Omar N por su propia cuenta.
Fotografía: César H. Dorado/
Un caso que demuestra la poca intervención de los sistemas de seguridad, no sólo para garantizar protección a las mujeres, sino para elaborar investigaciones adecuadas en un país donde el nivel de impunidad en casos de feminicidios alcanzó un 51.4% en 2019, de acuerdo al informe “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México”, de la organización Impunidad Cero.
“Esto es un viacrucis, el seguimiento de un caso: la falta de información, el que se les haga dar vueltas y vueltas para nada, o que las autoridades se queden con los brazos cruzados hasta que las víctimas hagan algo por la investigación o que les aporten algo de información cuando es su trabajo”, apuntó Ana Yeli Pérez.
Algunas semanas después de obtener la orden de aprehensión, Gerardo Ríos solicitó una orden de colaboración para que el presunto feminicida, también, fuera buscado por las autoridades de la Ciudad de México, ya que la Fiscalía de Nezahualcóyotl no ha demostrado avances en las averiguaciones, “en la ciudad sí están buscando a esa persona, en Neza no la están buscando”, agregó el padre de Elideth Ríos Cabrera.
Fotografía: César H. Dorado
El señor Gerardo no ha recibido la atención psicológica necesaria. Además, no ha sido inscrito en el padrón de víctimas de la Comisión de Víctimas del Estado de México. Por lo que ha tenido que subsistir gracias a colectivos, organizaciones que le han acompañado.
La asesora jurídica del OCNF destacó que las víctimas y los familiares se enfrentan a “un tratamiento sin empatía. No tiene que ser la atención necesariamente cálida, pero no tendría que ser hostil, lo mínimo que se les pide a los funcionarios públicos es que den un trato objetivo y digno para cualquier persona”.
También mencionó que las personas son culpabilizadas y revictimizadas por los psicólogos que llevan sus casos.
Otros de los obstáculos descritos por el OCNF son que las investigaciones de feminicidio no son iniciadas por la Fiscalía especializada en la materia, así como la pérdida de evidencias, la falta de pruebas y que las autoridades creen en el testimonio de los victimarios.
“En el tema de investigación, las deudas siguen siendo inmensas. Hay casos donde la necropsia es deficiente, donde el peritaje de criminalística tampoco fue exhaustivo, donde las fotografías son malas, donde los cuerpos no identificados tienen ciertas características y no están registrados, no se cuenta una base de datos o mujeres no identificadas con tatuajes, no es parte de una línea de investigación o de búsqueda para identificarla. Todo lo que nosotras hemos llamado línea de impunidad lo siguen presentando las investigaciones en el Estado de México”, agregó Ana Yeli Pérez.
Estas omisiones incumplen con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas y en la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de Campo Algodonero respecto a la debida diligencia, a una investigación pronta, al derecho de protección de su intimidad, a recibir apoyos económicos de las comisiones de víctimas, al trato humanitario y a conocer sobre los mecanismos implementados.
La crisis que no acaba
En los últimos cinco años, los feminicidios han aumentado en un 127.25 por ciento, según el informe de “Violencia contra las Mujeres” del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG). En el año en curso, incrementó en un 5.78 % este delito en comparación del 2019.
De enero a octubre del 2020, a nivel nacional se registraron 777 feminicidios, conforme al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Dentro de estas cifras, el Estado de México fue el primer lugar con 119, seguido de Veracruz con 71 y la Ciudad de México con 61.
Aunado a ello, se contabilizaron 2 mil 384 homicidios dolosos contra mujeres, por lo que en el 2020 se han cometido 3 mil 161 muertes violentas de mujeres y solo el 24. 58 por ciento se ha considerado como feminicidio.
“Esto choca con la promoción que hacemos de la investigación con perspectiva de género y de los hallazgos, porque nosotras estamos documentando que en muchos de estos homicidios se comenten con extrema saña. Hay principios de violencia sexual, de entrada, un 30 por ciento de los casos son cometidos por algún familiar, entonces por lo menos un 30 por ciento tendría que ser considerado un posible feminicidio”, enfatizó Ana Yeli Peréz.
En los últimos años, el Estado de México se ha posicionado como uno de los principales en crímenes contra mujeres.
A través de una solicitud de información con folio número 1408/MAIP/FGJ/2020, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reportó aumentos graduales desde 2017 hasta junio de 2020, siendo la zona oriente la más violenta de todas. Sin embargo, la información sólo cubre 82 municipios de los 125 que conforman la entidad.
En 2017 sucedieron 68 feminicidios de acuerdo a la fiscalía del Estado de México, sin embargo, el SESNSP registró 57. Un año más tarde, el Secretariado contabilizó 106 feminicidios, mientras que la fiscalía 115.
Para 2019, la FGJEM reconoció 117 feminicidios, pero el SESNSP identificó 122. Ante estas diferencias en las cifras de muertes violentas por razón de género, Ana Yeli Pérez sostuvo “en el tema de feminicidios no tendría que haber gran variación. Lo que preocupa es que sea la contabilización del número de mujeres, del número de vidas que son arrebatadas las que no sean claras”.
La asesora jurídica de la OCNF enfatizó que, tanto el secretariado como la fiscalía del Estado de México “deben tener actualizadas sus cifras, hay estadísticas que deberían de ser púbicas, constantes y permanentes, no por corte de cada mes, sino por el número de incidencias reportadas”.
La zona oriente del Estado de México es la que muestra los números más altos en cuanto a Feminicidios.
“Algunos datos sociodemográficos y datos sobre el hecho que tendrían que ser públicos para que los medios de comunicación y la sociedad civil tuviera acceso a esa información para hacer esos análisis y para también generar más información sobre la problemática que además pudiera ayudar a la prevención”, recalcó Ana Yeli Pérez.
Sobre las personas que fueron vinculadas a proceso por el delito feminicidio, sólo se avanzaron a esta etapa 187 casos de los 400 que contabiliza la FGJEM hasta junio de este año.
Ante la ola de violencia feminicida, el Observatorio subrayó la necesidad que las autoridades fortalezcan el sistema de órdenes de protección, analizar el contexto social que afecta a las mujeres, atender la problemática de judicialización de casos y desmantelar redes de trata de persona.
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