Por: Redacción/

La diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, que hay una gran deuda del Estado mexicano para garantizar los derechos de las víctimas.

Al inaugurar el foro “Fortalecimiento de los Derechos de las Víctimas”, afirmó que, de acuerdo con el Registro Nacional de Víctimas, en 2018 se reportaron 15 mil 525 casos, pero en 2019 aumentaron a 27 mil, lo que muestra que la situación de violencia genera de manera lógica el ascenso de personas en esta situación.

Respecto de la reparación del daño, sostuvo que con la entrada en funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de manera gradual empezaron a tener acceso a este derecho.

Sin embargo, reconoció que hay un retroceso que preocupa, debido a que “se ha precarizado a través de las diversas medidas adoptadas en los años recientes, como la severa reducción presupuestal y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”.

Indicó que falta mucho por hacer en el sistema de apoyo y protección a víctimas, por lo que el marco jurídico debe mejorar y, sobre todo, existe la necesidad de políticas públicas que coadyuven a solucionar este problema.

Por su parte, la diputada Verónica Juárez Piña (PRD) dijo que el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas de delitos debe constituir un elemento primordial para consolidar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, lo que contribuirá al establecimiento del Estado democrático.

Manifestó que el Gobierno federal revictimiza a las personas negándoles sus derechos. Criticó la inacción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sólo ha emitido una sola recomendación, y la eliminación del Fideicomiso de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Subrayó que el Estado mexicano no puede dejar de garantizar y asegurar la reparación integral del daño, porque es un principio altamente reconocido tanto a nivel interno como en el exterior.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) reiteró el compromiso de la Comisión de Justicia a favor del reconocimiento de los derechos de las víctimas del delito. Lamentó que incluso cuando existe una legislación que debería bastar para hacer valer estos preceptos, falte mucho por hacer.

Reiteró que el Estado está en deuda con las víctimas del delito. “Esperemos lograr un poco más de conciencia en la solidaridad y empatía que debemos tener con todos los que han sido víctimas de un delito o de alguna violación de derechos humanos”.

Conferencia inaugural

Santiago Corcuera Cabezut, ex presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, consideró necesario reconocer que hay decenas de miles de asuntos y que no existe un aparato de justicia que pueda judicializar todos. “Se necesitan mecanismos de justicia alternativa, restaurativa y transicional”, señaló.

Mesa 1 “Participación de las víctimas en el proceso penal”

Estefanía Medina Ruvalcaba, especialista en sistema penal acusatorio, comentó que se han identificado cuatro problemas que atentan contra los derechos de víctimas: la ineficiencia hacia la legitimación o reconocimiento al carácter de víctima, carente o nula asesoría jurídica, ineficiencia de ministerios públicos y falta de profesionalismo de algunos jueces.

Alejandra Ramos Durán, jueza de garantías del Distrito Judicial Morelos, explicó que algunas entidades federativas aún no han implementado órganos para la protección de derechos de víctimas; faltan recursos o hay una disminución. Además, la carencia de personal especializado ha vuelto ineficiente la justicia para los perjudicados por un delito.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, A.C., dijo que la ley pone en desventaja a las víctimas y es fundamental realizar modificaciones radicales para imponer sanciones a quien la incumpla. Las víctimas están en desventaja procesal y ante problemas de inequidad porque los inculpados tienen derecho a un defensor pagado por el Estado y ellas no.

Ernesto López Saure, fiscal de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio en la Ciudad de México, consideró que para construir el tipo de justicia penal que requiere el país no es necesario cambiar la ley, sino las prácticas de policías, fiscales, jueces y defensores, a fin de que el sistema funcione.

Mesa 2. El fortalecimiento de la atención a víctimas

Lorena Perales Salinas, presidenta de la Comisión de Familias Unidas por los Desaparecidos de Tamaulipas, afirmó que es necesario fortalecer las instituciones encargadas de procurar justicia para que puedan realizar su trabajo y que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dé el acompañamiento necesario. Añadió que todos los derechos y garantías son para los imputados, no para las perjudicados.

Sergio Jaime Rochín del Rincón, ex titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, consideró que este sistema no funciona y está debilitado. “La clave está en hacer real el sistema nacional y los sistemas locales para que sea un trabajo coordinado e integral”.

Por su parte, Andrea Guadarrama Prado, especialista en derecho penitenciario, consideró que la Ley General de Víctimas es inoperable porque el sistema está colapsado. No hay herramientas jurídicas ni humanas para procesar los casos, por lo que se necesita una reforma legislativa que dé celeridad a los trámites administrativos, a fin de que los casos avancen.