Por: Redacción/

El Estado tiene que atender con toda su fuerza la emergencia de violencia en el campo vinculada al crimen organizado, porque las más afectadas son las mujeres, quienes sufren asesinatos, discriminación y desigualdad, urgió la diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.

Agregó que todos los niveles de gobierno y poderes deben enfrentar la inseguridad, sin negarla, asumir responsabilidades y revisar las leyes municipales y estatales, porque datan de hace 50 años y no se han actualizado; prevalecen conceptos de exclusión y marginación a la mujer sin reconocerles su contribución a la producción de alimentos.

Durante el foro “Desarrollo Rural e Igualdad de Género”, apuntó que esos marcos jurídicos tampoco responden a la nueva realidad social, económica y política que viven campesinas e indígenas, quienes están en pobreza en el 62.1 por ciento de los casos. A pesar de que en 63 programas rurales el 42.2 por ciento son beneficiarias, se han tenido efectos negativos porque reproducen roles de género tradicionales, las colocan como objetos y no sujetas de desarrollo. Son prácticas clientelares que requieren erradicarse.

Debe garantizarse en la práctica la seguridad jurídica, igualdad, inclusión integral y propiedad de la tierra, porque sólo al 26 por ciento son dueñas.

Briceño Zuloaga planteó la necesidad de superar un doble reto: desestructurar el modelo patriarcal y que las comunidades autóctonas en los usos y costumbres incluyan a las mujeres en la toma de decisiones. También es primordial empoderarlas económicamente ante la migración de varones, porque el 26.7 por ciento son jefas de familia, lo que agudiza la pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial.

Asignar mejores presupuestos; hacer funcionables las alertas de protección; eliminar el lenguaje sexista, la división sexual del trabajo y la triple jornada laboral, sin remuneración, y que hombres y mujeres sean responsables de los cuidados de la familia y quehaceres domésticos en igualdad de circunstancias, fueron otras de su propuestas.

El momento actual plantea el gran reto y compromiso de recuperar el agro nacional, formas de vida y producción rurales, mediante la participación de hombres y mujeres en una visión de igualdad con desarrollo sostenible que proteja el medio ambiente.

Destacó que México tiene grandes pendientes con las mujeres, quienes viven una violencia diferente a la que sufren los varones, ya que se centra en agresiones sexuales y feminicidas. Son condiciones distintas que el Estado debe atender con toda la responsabilidad, además de establecer la tipificación única del feminicidio en el ámbito nacional para avanzar en la protección de sus derechos humanos.

La directora de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez, Patricia Patiño Fierro, puntualizó que no se trata de hacer juicios de valor donde las mujeres sean las buenas y los hombres los malos, sino de ubicar en el centro del debate el conocimiento. “Por desgracia vivimos en una cultura patriarcal que ha derivado en un machismo y misoginia que atenta contra la vida de las mujeres”.

Sostuvo que persisten notorias brechas de género y múltiples obstáculos para el ejercicio de los derechos de las mujeres, “desde formas muy sublimes, de las que a veces nos reímos y avalamos, hasta expresiones atroces de violencia, como el abuso sexual y el feminicidio”.

Subrayó que la violencia de género no es un asunto casero o doméstico, y no aplica el dicho de que “la ropa sucia se lava en casa”. Dijo que nunca como ahora se habían vivido feminicidios, hostigamiento laboral y sexual por el sólo hecho de ser mujer.

Pidió no dejar de lado las experiencias que tienen las asociaciones encargadas de refugios para mujeres víctimas de violencia.

Dijo que entre las propuestas que se acordaron en este foro está realizar una mesa de trabajo para el análisis de la Ley Agraria y verificar que tenga perspectiva de género, vigilar que los recursos y capacitación que partidos políticos destinan a mujeres no disminuya, así como una reunión de trabajo para que se considere la salud de las mujeres en el nuevo sistema que impulsa la actual administración.

Ada García Cortés, directora de Capacitación de la Procuraduría Agraria, señaló que la desigualdad y discriminación se da en todas las capas de la sociedad, más allá de las clases económicas. “Tenemos que luchar contra esa cultura que está arraigada en hombres y mujeres”.

Pidió ser tolerante con los usos y costumbres, pero actuar con firmeza cuando afecten los derechos humanos de las mujeres, y llamó a impulsar organizaciones fuertes y críticas.

“Vienen las reformas a la Ley Agraria y quiero ver que las injusticias queden subsanadas. Una vez que esté listo el cambio, tengamos la fuerza para hacerlo sustantivo, lo defendamos en la práctica y no quede sólo en lo escrito”, precisó.