Por: Aldo Herrera
El Estado mexicano se ha negado a reconocer la magnitud del fenómeno de la desaparición de personas y rehuido a su responsabilidad de tomar las medidas necesarias para enfrentarlo, por lo que es corresponsable del recrudecimiento de una problemática que ha dejado miles de víctimas a lo largo y ancho el país, afirmó la senadora Angélica de la Peña en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Señaló que durante los dos sexenios anteriores y lo que va del actual, el gobierno federal ha ignorado las denuncias hechas por la sociedad civil organizada y las recomendaciones efectuadas por organismos internacionales sobre la materia con terribles consecuencias, “con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas 11 personas desaparecen diariamente y las cifras oficiales registran al día de hoy casi 26 mil personas cuyo paradero se desconoce”, agregó.
Recordó que la organización Amnistía Internacional ha denunciado que durante la actual administración federal han ocurrido 12 mil 500 desapariciones, una situación tan grave que ha colocado a México a lado de naciones como Gambia, Siria, Sri Lanka y Bosnia y Herzegovina, donde la desaparición forzada es sistemática.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado indicó que luego de la reforma del artículo 73 constitucional el Congreso de la Unión está obligado a iniciar el proceso legislativo correspondiente, “por lo que es momento de elaborar una ley general que armonice el tipo penal de desaparición forzada con lo establecido en los instrumentos internacionales y defina claramente el delito de desaparición entre particulares, así como la inclusión de ambos en los códigos penales de todas las entidades federativas”, explicó.
Detalló que esta legislación habrá de establecer, entre otros aspectos, la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno para prevenir e investigar adecuadamente la desaparición de personas; un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata y garantizar el derecho a la reparación integral a las víctimas.
Apuntó que se privilegiará la presunción de vida en la elaboración de los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y se incluirá la figura de declaración de ausencia por desaparición a fin de garantizar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida con validez en todo el territorio nacional, de tal manera que las familias de las víctimas gocen de todas las garantías.
De la Peña Gómez dijo que la discusión del proyecto de una ley general contra la desaparición de personas comenzará una vez que el Ejecutivo federal envíe su propuesta y la Comisión de Justicia en el Senado emita la respectiva convocatoria.
Aseguró que la legislación que sea aprobada en la Cámara de Senadores responderá plenamente a las demandas de verdad, justicia y reparación, para lo cual habrá de resultar de un proceso de consulta y participación de los familiares de las víctimas y de la sociedad civil organizada, “de hecho la Comisión de Derechos ha comenzado a realizar audiencias públicas para conocer sus preocupaciones y propuestas”, añadió.
El Estado mexicano está obligado por la Constitución y por instrumentos internacionales suscritos a diseñar e implementar acciones específicas para resolver desde un enfoque integral la tragedia de la desaparición de personas, “el primer paso es contar con una legislación que coadyuve a la localización de todas las personas cuyo paradero se desconoce y así proporcionar certidumbre a sus familias; de ese tamaño es el reto y nuestro compromiso”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
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