Por: Redacción/

En la sesión del pasado 27 de junio, conforme a lo establecido en la Constitución, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, documento que por primera vez se discutió bajo el esquema de Parlamento Abierto, lo que significa un importante avance en el ejercicio de planeación democrática.

En ese sentido, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, enfatizó que el Plan cumple con los principios fundamentales señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de tener un enfoque social cuyo principal objetivo es el bienestar general de la población.

“El Plan resulta innovador al señalar directrices claras bajo las cuales se deberá conducir el gobierno en la elaboración de sus políticas públicas, como honradez y honestidad, austeridad, fortalecimiento del estado de derecho, crecimiento económico incluyente, entre otras”, subrayó.

Adicionalmente, el diputado reconoce y agradece a los organismos sociales, asociaciones civiles, especialistas, centros de investigación, grupos empresariales, instituciones educativas y al Grupo de Consulta por su contribución al análisis del Plan Nacional de Desarrollo y reitera su compromiso de impulsar y dar seguimiento para que sus observaciones y propuestas sean consideradas en el diseño de las políticas públicas, programas de gobierno y programas sectoriales mediante las que se aplicará dicho documento.

Ramírez Cuéllar destacó las aportaciones de los actores antes mencionados y como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, les hace un llamado para continuar con las reuniones, y consolidar el espacio de Parlamento Abierto de cara al diseño de las políticas públicas y a la elaboración del presupuesto para el ejercicio 2020.

Además, mencionó que tal y como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo, se trabajará para mejorar los ingresos del Estado, retomando el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupción, con disciplina fiscal, combate a la evasión de impuestos, cese del endeudamiento y fortalecimiento del mercado interno.

Para ello, consideró necesario la revisión de exenciones, créditos fiscales y deducciones vigentes, toda vez que esto ocasionó, como señala el Plan, que la mayor parte de la recaudación estuviera en los hombros de las clases medias, las pequeñas y medianas empresas y el pueblo en general.

También enfatizó la necesidad de analizar los Impuestos Especiales sobre Producción de Servicios, los Gastos Fiscales, el Impuesto Predial y el Comercio Electrónico, pues se estima que para cubrir el gasto público en 2020 se necesitará un presupuesto de al menos 6.2 billones de pesos.

De manera particular, el diputado señaló que para alcanzar el crecimiento promedio de 4% establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, es necesario establecer políticas contracícilicas que permitan elevar los niveles de inversión a 30% como proporción del PIB, enfatizando en el aumento a la inversión pública y en la importancia de dirigirla a la infraestructura para aumentar la capacidad del estado a largo plazo en temas como salud, comunicaciones y transportes, educación, energía y seguridad pública.

Cabe destacar que las recomendaciones mencionadas por el diputado coinciden con lo señalado en la Declaración de los líderes del G20, realizada en la ciudad de Osaka, Japón, la cual establece la importancia de invertir en infraestructura de calidad para obtener crecimiento económico, prosperidad y desarrollo sostenible, por lo que se recomendó que dicha inversión se realice preservando la sostenibilidad de las finanzas públicas e integrando consideraciones ambientales y sociales. En la Declaración también se reconoce la importancia de la lucha contra la corrupción como requisito indispensable para garantizar la calidad y confiabilidad de la infraestructura.

Finalmente, Ramírez Cuéllar se pronunció a favor de dar continuidad a las políticas que promuevan la competencia en los mercados, ya que es una de las mejores estrategias para reducir la desigualdad entre la sociedad: “los mexicanos hemos tenido que pagar hasta un 98% más de lo que deberíamos y son los ciudadanos de menores ingresos quienes llegan a pagar hasta 4.4 veces más que las personas con más recursos, como proporción de sus ingresos, por lo que la falta de competencia es equiparable a un impuesto regresivo para la población”, puntualizó.