Por: Redacción/

La diputada Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, anunció un punto de acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo federal a respetar la relación institucional entre la Presidencia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Asimismo, pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumplir todas las recomendaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

En conferencia de prensa, indicó que el próximo miércoles presentará ese punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ya que en recientes fechas el Ejecutivo federal ha trastocado la relación institucional entre el poder que representa y la CNDH, trasladando el respeto entre dos instituciones al ámbito de la descalificación personal”.

Villavicencio Ayala añadió que el órgano garante de los preceptos individuales ha emitido “tres mil recomendaciones que me parece muy importante que se atiendan lo más pronto posible”.

Apuntó que deben atenderse las recomendaciones en beneficio de las personas “que hoy día siguen clamando justicia, con la esperanza puesta en nosotros para generar un verdadero cambio”.

El pasado martes, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la autoridad moral de la CNDH para opinar sobre las estancias infantiles.

Manifestó su preocupación por la tensión entre la presidencia y la CNDH y calificó las declaraciones del Ejecutivo federal como desafortunadas, porque “desacreditan” a ese órgano del Estado encargado de dar cumplimiento de los derechos humanos en el país.

“Pretender que la CNDH no exprese sus resoluciones, no sólo podría considerarse desdén o censura, sino tendría como consecuencia la omisión de las autoridades competentes para atender las resoluciones y de esta forma (no) respetar y (ni) garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución”, expresó.

Villavicencio Ayala refirió que en administraciones pasadas el Ejecutivo fue omiso y ausente ante la voz de la CNDH, “un gobierno que se precie democrático, como el que tenemos actualmente de izquierda, debe conducirse con probidad y respeto. Debe comprender que el organismo autónomo necesariamente para el ejercicio de su función, debe oponerse al Estado para cumplir con su tarea Constitucional”.

Expuso que el presidente “hoy tiene la responsabilidad, pero sobre todo el compromiso para atender las violaciones del pasado y comprender que en su posición actual la CNDH es contrapeso, no comparsa”.

“No es un enemigo. La necesidad de crear este organismo autónomo viene de las luchas sociales de izquierda, donde el mismo Ejecutivo era juez y parte”, dijo.

La legisladora mencionó que las entidades que forman parte del Estado tienen la obligación de atender las recomendaciones de un órgano creado para hacer valer los derechos humanos.

“No son comparsa del gobierno, son contrapeso y eso lo debemos de tener muy claro”, dijo

“La CNDH no es juez, no es la que tiene como responsabilidad la aplicación de la justicia. En todo caso, el presidente de la República debería estar mucho más atento de que el Poder Judicial de la Federación (PJF) haga realmente su trabajo para acabar con la corrupción y la impunidad en la que estamos viviendo”, argumentó.

La legisladora de Morena recordó que la CNDH surgió como un contrapeso. “Con una naturaleza de oposición a las entidades estatales, dada su responsabilidad de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos”.

“No es un ente político, que se rija bajo una preferencia electoral y partidaria; no debe ser tampoco aval o dique para las políticas públicas, ni para las decisiones que desde el poder legítimamente electo se tomen”, apuntó.

Confió en que no aumentará la distancia entre estas dos instituciones. “Abonaría para que hubiera un entendimiento por parte del Ejecutivo sobre las atribuciones que tiene la CNDH, porque no ha comprendido cuál es su función”.

Respecto de la recomendación que hizo la CNDH sobre el programa de las estancias infantiles, Villavicencio Ayala consideró que “no debió haber sido cancelado, porque se trata de un derecho que ya fue ganado y viola abiertamente el hecho de suspender este tipo de política, justamente el principio de progresividad que se establece en la Constitución”.

“En el caso concreto de las (guarderías) se ganó como derecho humano la defensa del interés superior de la niñez y la responsabilidad que tiene el Estado es de garantizar la educación inicial e integral para los niños, (ya que) en este país tenemos seis millones de niños y fueron afectados 365 mil”, finalizó.