Por: Redacción/

En un informe redactado tras su reciente visita a los Estados Unidos, el relator especial para la pobreza extrema y los derechos humanos Philip Alston, aseguró que la principal estrategia del país norteamericano para abordar la pobreza es “criminalizar y estigmatizar a los que necesitan ayuda”.

Según datos del informe, alrededor de 40 millones de personas viven en la pobreza, 18,5 millones en la extrema pobreza y 5,3 millones en condiciones calificadas de tercermundistas.

“Para una de las naciones más ricas del mundo”, asegura Philip Alston, tener todas esas personas viviendo en la pobreza “es cruel e inhumano”.

El informe, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos el 21 de junio, recoge los resultados de su visita a California, Alabama, Georgia, Virginia Occidental y Washington D.C. entre el 1 y el 15 de diciembre de 2017.

Según el documento, los ciudadanos de Estados Unidos viven menos y están más enfermos que los que viven en otras democracias ricas. Además, el país tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento del mundo y una de las más bajas de votantes registrados en el censo.

Asalto al estado de bienestar
“Estados Unidos tiene una de las más altas tasas de desigualdad entre los países occidentales. El recorte de impuestos de 1,5 billones de dólares de diciembre de 2017 beneficia abrumadoramente a los ricos y empeora la desigualdad”, señala el informe, que también destaca que Estados Unidos tiene uno de los niveles más altos de pobreza y desigualdad de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Para Alston, “la administración Trump ha traído un recorte de impuestos masivo para las corporaciones y los más ricos, mientras orquesta un asalto sistemático al estado del bienestar”. La estrategia “parece estar diseñada para maximizar la desigualdad y llevar a la penuria a millones de trabajadores y a los que no pueden trabajar”.

El relator explica que esa política parece “llevada principalmente por el desprecio y, en ocasiones, por el odio hacia los pobres, junto a una mentalidad de ´el ganador se lo lleva todo´”.

“Las pruebas están por todas partes. En Skid Row, en Los Ángeles, se practicaron 14.000 detenciones de personas sin hogar en 2016 por orinar en público, mientras bajaron las detenciones en general en la ciudad”. Para aquellos que se pregunten cuál es el problema, la respuesta no es difícil de encontrar. En 2016 sólo había disponibles nueve urinarios públicos para 1800 personas que no tiene casa. “La proporción de un urinario público por cada 200 personas no alcanza ni el mínimo que la ONU establece para los campamentos de refugiados sirios”, explica

El sistema legal también pesa más sobre los pobres
Alston también cree que “se usa el sistema legal para elevar los ingresos de los estados, pero no para promover justicia, un problema omnipresente en todo el país. Multas y cobros se apilan hasta que las infracciones de poco monto se convierten en una carga, un proceso que afecta a los miembros más pobres de la sociedad”.

Al mismo tiempo, los jueces imponen grandes fianzas a los acusados en espera de juicio, lo que permite a los ricos pagar su libertad, mientras los pobres permanecen sentados en la cárcel. Unos 11 millones de personas entran en las cárceles locales anualmente y, en un día cualquiera, 730.000 personas están detenidas, de las cuales casi dos terceras partes están a la espera de juicio y, por tanto, se tiene que presumir que son inocentes.

Ese desprecio por las personas con menos recursos se ha intensificado durante el Gobierno de Trump: “Varios políticos con los que hablé estaban totalmente comprados por la narrativa de que los pobres son estafadores que viven del sistema de bienestar. Esto se refleja en el presupuesto para el 2019 que asegura que muchos de los receptores del sistema deben ser forzados a encontrar empleo y que muchos estaban defraudando el sistema”.

Sin embargo, el experto añade que “el Gobierno de Trump fracasó en suministrarme pruebas de un fraude masivo o las supuestas amplias oportunidades laborales para aquellos que están recibiendo los beneficios. La verdad es que el fraude al sistema no está extendido y que la mayoría de sus beneficiarios están trabajando o están incapacitados física o mentalmente para hacerlo”.

El resultado es que “la democracia misma está bajo amenaza debido a la extrema desigualdad y las políticas que se siguen las empeoran”.