Por: Redacción

Senadores y organizaciones de la sociedad civil consideraron que en México el problema del desplazamiento interno no se ha visualizado en la agenda nacional, situación que ha dejado en la invisibilidad a miles de personas, y por lo cual es urgente legislar en esta materia y generar políticas públicas para atender esta problemática.

En reunión de trabajo con el relator de la ONU para Derechos los Humanos de las Personas Desplazadas Internamente, doctor Chaloka Beyani, la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, consideró que sobre este fenómeno, México “está dejando invisibles a sus ciudadanos”.

Son muchas las causales las que motivan el desplazamiento forzado de personas, y si no nos metemos a fondo a ver cuáles son las causas, “cerrar los ojos no nos va a hacer mejores políticos, no va a hacer mejores leyes y mucho menos va a generar políticas públicas”.

Consideró que en tanto no logremos que la problemática que vive México en materia de derechos humanos se convierta en una causa para todos: gobierno, legisladores, sociedad, instituciones, difícilmente saldremos de la terrible coyuntura en la que nos encontramos.

“Es urgente una legislación que atienda a miles de mexicanos que, por causas desde fenómenos naturales, problema religiosos, crisis económicas, violencia, se ven forzados a dejar sus hogares, sus comunidades”, indicó la senadora del PAN.

En tanto, el senador Zoé Robledo Aburto, del PRD, también consideró que es urgente “visibilizar” el tema en nuestro país, pues hay quienes insisten en que las cosas que no se pronuncian, no se debaten y desaparecen por decreto; “se equivocan, porque hay desplazados internos en México”.

Explicó que Chiapas es un estado que ha sufrido del problema del desplazamiento por diferentes causalidades: conflictos religiosos, problemas agrarios, cuestiones étnicas, pero hoy existen condiciones objetivas innegables que demuestran la presencia del fenómeno de desplazamiento interno y por lo mismo se requieren protocolos de actuación, leyes nacionales para prevenirlo, atenderlo y encontrarle soluciones duraderas.

“Es un tema urgente por más que el Ejecutivo federal y otros actores políticos de nuestro país piensen lo contrario. Los más de 280 mil desplazados que contabilizó el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados en México, son de carne y hueso, existen, están ahí, es una población que además está creciendo y está desamparada del marco jurídico mexicano”, señaló.

El senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que el desplazamiento es un fenómeno al que no somos ajenos al interior del país. Nos interesa a todos encontrar opciones y creo que lo primero es reconocer en dónde tenemos déficit o en dónde tenemos, por el contrario, áreas de oportunidad.

Señaló que una vez que la reforma constitucional en la materia aprobada en México entró en vigor, ahora hay que trabajar en la legislación secundaria, porque el sistema constitucional mexicano establece los principios fundamentales para lograrlo.

A ello habremos de abocarnos a la brevedad para darle el complemento y sobre todo la efectividad, indicó el senador Enrique Burgos.

Por su parte, el senador Manuel Cárdenas Fonseca, destacó que la visita del relator especial de Naciones Unidas debe representar el “tiempo idóneo para seguir tratando y abordar el tema, reconociéndonos en el problema y reconociéndonos en nuestras capacidades para poderlo solucionar”.

En este sentido, agregó que deben existir en el país estadísticas y fuentes confiables sobre el número de desplazados a nivel nacional, porque existen cifras bastante dispares. “Hago votos para que de manera pronta, a partir de acuerdos mínimos, podamos ver un encuentro oficial entre el Gobierno de la República y la representación que usted tiene de Naciones Unidas”.

El senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, opinó que en México hace falta un mejor diagnóstico de lo que ocurre realmente en el tema de los desplazados internos, y para ello ya hay propuestas en el ámbito legislativo para fortalecer el andamiaje institucional a fin de contar con una mejor radiografía.

“Es verdad que existen desplazados internos, me parece que en el caso de México los podemos ver en distintas dimensiones; por ejemplo, en el estado de Tabasco, el tema de familias de clase media que han tenido que salir del estado por problemas de seguridad causados por los grupos del crimen organizado”, comentó.

Reiteró en la necesidad de trabajar a favor de mejores andamiajes institucionales, “es un tema que debe atenderse más en México, no digo que esté descuidado, pero me parece que con el avance de nuestra nación nos hemos encontrado con temas que hace una década no eran considerados como prioritarios por las fuerzas políticas”.

Al respecto, el relator de la ONU para Derechos los Humanos de las Personas Desplazadas Internamente, doctor Chaloka Beyani, dijo que en un sistema de protección es responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos y en esta tarea, Naciones Unidas está dispuesta a cooperar a través de recomendaciones.

Explicó que el objetivo de su visita es dialogar con las autoridades y coadyuvar para tratar de solucionar los problemas que enfrentan en materia de desplazamiento interno.

Indicó que en esta región, el desplazamiento es un fenómeno particular que sólo afecta a aquellos que son desplazados, sino que es una cuestión que tiene que ver con los estados. “Si no solucionan las necesidades de la población entonces las consecuencias en los estados se empieza a sentir de diversas maneras”.

Agregó que el problema requiere una respuesta internacional y nacional efectiva, el reconocimiento es el primer paso, pero a veces cuando no lo hay es obvio que el problema existe, como lo demostró el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, en mayo de este año.

El relator de Naciones Unidas dijo que en el contexto de lo que ha sucedido en la región, debe haber un enfoque regional, no sólo nacional, y en la implementación de políticas públicas y legislaciones enfocadas a este tipo de personas, debe contar con las características y problemáticas de cada país.

El doctor Edgar Corzo, Quinto Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló que para esa institución es necesario reconocer que en México existe el desplazamiento interno, a fin de tomar las acciones correspondientes para atenderlo.

Nos falta la creación de políticas públicas, de una manera uniforme y generalizada. Hay instituciones que han llevado acciones, desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero no son esfuerzos uniformes, hace falta la creación de políticas públicas, comentó.

La doctora Laura Rubio Díaz Leal, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró que hay un miedo a aceptar que en el país se vive un problema de desplazamiento interno, en donde la violencia y las violaciones de derechos humanos están en el centro.

Muchos de los desplazados que han intentado generar denuncias, después de haber sido victimizados por el crimen organizado, también son victimizados por autoridades corruptas que los obligan a desplazarse una segunda vez.

José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que no se ha identificado la escala del fenómeno, “creemos que el Estado mexicano no ha querido proteger a la población desplazada interna, no hay un reconocimiento del problema, no se ha identificado la magnitud del fenómeno”.

Explicó que a través de esta Comisión se realizó un ejercicio de investigación con la doctora Laura Rubio a la cabeza de la misma, y llegaron a una cifra de 287 mil personas desplazadas.

“Tampoco se han establecido programas de atención a víctimas, creemos que el marco constitucional actual para atender a las víctimas del desplazamiento, en su calidad de víctimas del delito o de violaciones de derechos humanos es suficiente para establecer una ley por el Congreso de Atención a víctimas y para que se pueda criminalizar el desplazamiento interno forzado”, manifestó.