Por: Redacción

México ha llevado a cabo reformas en los campos jurídico, administrativo, educativo y energético, menos en el electoral, donde se daría “la madre de todas las reformas”, sostuvo el doctor Edgardo Buscaglia, académico senior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia.

Durante su participación en la primera conferencia del Congreso de Derecho Electoral y Parlamentario, organizado por alumnos de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aseveró que “hacer una modificación judicial antes de la electoral es como poner la carreta delante del caballo” y por ello no hay resultados en cuanto al mejoramiento de la efectividad del sistema.

El derecho electoral es “pieza fundamental” para disminuir los niveles de violencia y mejorar el acceso de los ciudadanos a la salud, la educación y el desarrollo social, así como para asegurar la seguridad humana en el país, indicó el también presidente del Instituto de Acción Ciudadana (México).

Las naciones que encararon la necesidad de hacer cambios en esa materia disminuyeron de manera notable los problemas de violencia, “porque la delincuencia organizada transnacional es producto de la política” y “está compuesta por políticos y empresarios legalizados” que integran redes globales que infringen la ley con alto impacto social.

La corrupción en ese ámbito “es la madre y el padre de la delincuencia organizada mundial aquí, en Afganistán, Estados Unidos, Alemania y en cualquier lugar”, por lo tanto es preciso combatirla, no sólo mediante mayores sanciones sino a través de mecanismos preventivos, el principal de ellos el derecho electoral, que tal como está promueve el delito, como han demostrado 67 artículos científicos escritos por académicos desde 1964.

Por ello debiera surgir una iniciativa que permita a las personas que ingresan a la política diseñar leyes que en verdad promuevan el acceso a la justicia, evitando el control del corpus judicial para favorecer intereses económicos que financian campañas electorales.

Existe una relación entre el derecho electoral y la seguridad humana, y cuando aquél no exige comicios preliminares abiertos con candidaturas sujetas a regulaciones patrimoniales ni mecanismos de auditoría social, entre otros elementos, “es muy fácil financiar campañas con dinero ilícito.

En ese tipo de ambientes la delincuencia organizada “se va comiendo a pedazos el ámbito político”, pero la buena noticia es que “conocemos las reformas institucionales que México debería implementar para que esta pesadilla termine y empiecen a desmantelarse las redes criminales”, explícitamente referidas en los instrumentos internacionales que la nación ha ratificado.

Entre dichas herramientas están las convenciones de Palermo contra la delincuencia organizada y de Mérida contra la corrupción, además de que forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, que son recomendaciones en las que los países se han puesto de acuerdo para bloquear el lavado de dinero.

También están las 16 convenciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desde 1960 a la fecha México ha ratificado y que cubren los 54 derechos humanos en los ámbitos político, social, civil, económico y cultural, uno de ellos es el electoral, que el Estado está obligado a garantizar y cuando esto no ocurre, lo cede a la delincuencia organizada, señaló.

El congreso, que continuará hasta el dos de junio, fue inaugurado por el doctor Romualdo López Zárate, rector de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, y en el primer día de actividades participó también el doctor Armando Hernández Cruz, quien habló sobre los principios generales del derecho electoral.