Por: Javier Bárcenas
Los diputados de Morena Sandra Luz Falcón, Virgilio Caballero, Rodrigo Abdala y Vidal Llerenas  señalaron que si la Secretaría de Merina toma el control de los puertos, significará la militarización de los mismos y la autoridad civil quedará bajo el control y arbitrio de las fuerzas militares.
“Es fácil entender que esto es como muchas otras aberraciones que se han aprobado; una instrucción de los Estados Unidos para garantizar sus inversiones”, afirmó el Vicecoordinador de la bancada de Morena, Virgilio Caballero.
Con las reformas para que la Secretaría de Marina (SEMAR) asuma el control de los puertos, entre otras funciones que le corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), queda claro que ahora la autoridad civil quedará bajo el control y arbitrio de las fuerzas militares.
Los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena coincidieron que con ello se viola el Artículo 29 Constitucional y que la Armada de México debería continuar concentrándose en la seguridad nacional y la vigilancia de los litorales.
Al fijar la postura de dicha bancada sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos, la diputada Sandra Luz Falcón Venegas cuestionó la aprobación del dictamen.
“Nos dicen que con esta ley los puertos serán más modernos, eficientes y seguros; que no implica ninguna militarización, toda vez que la Secretaría de Marina no es lo mismo que la Armada de México, por lo que los puertos serán atendidos de manera civil (…). Nos dicen que de ninguna manera, se viola el Artículo 129 Constitucional”, recalcó.
Consideró que imposición de una autoridad militar en actividades y gestiones administrativas de carácter civil y comercial, es contraria a los principios rectores de la política exterior de nuestro país, que es la proscripción de la amenaza o el uso de las fuerzas, establecido en el Artículo 89 de la Carta Magna.
“Morena considera que la Marina mercante con operación y administración en manos de personal civil, debe mantenerse en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que poner en manos de militares los puertos atenta contra el desarrollo económico nacional, puesto que las Fuerzas Armadas carecen de la experiencia administrativa para regular e instrumentar las políticas para apoyar la competitividad y el comercio interior y exterior”.