• Se tata de actos que afectan toda la serie, desde la producción y distribución hasta su llegada a los consumidores.

Por: Redacción/

La presencia del crimen organizado, en al menos dos terceras partes del territorio nacional, ha alterado la vida cotidiana de las poblaciones en diversas dimensiones y entre ellas empieza a tener visibilidad la relacionada con el control de la cadena de producción de alimentos por parte de grupos criminales, coincidieron en señalar especialistas reunidas en el Seminario internacional Alimentación y Sustentabilidad en las Ciudades, convocado por la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras instituciones.

La doctora Miriam Bertran Vilà, investigadora del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco, sostuvo que con la violencia generada por la escasez y los altos precios de pollo en Chilpancingo, Guerrero, así como la ocurrida en el mercado de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, se ha prestado mayor interés al tema del crimen organizado y su control sobre la cadena alimentaria.

Se tata de actos que afectan toda la serie, desde la producción y distribución hasta su llegada a los consumidores donde el control tiene que ver no sólo con la extorsión de los productores y de quienes comercializan, sino también con el control de a quién compran, quién puede y qué pueden producir, y en general, hay una “diversificación en las formas en que estos grupos están controlando el sistema alimentario”.

El fenómeno ocurre no sólo en México, donde se calcula que en dos terceras parte de su territorio hay presencia del crimen, sino en otros países latinoamericanos como Colombia, Brasil o Ecuador, en los que la violencia ha afectado sus respectivos sistemas alimentarios, lo que ha provocado el progresivo desplazamiento de comunidades para utilizar la tierra en la actividad maderera, el impulso al cultivo de estupefacientes, los derivados por el abuso y control del agua y la relevancia que esto ha tenido respecto de la creciente migración de estas poblaciones, entre otros.

La doctora Jessica Arellano López, investigadora independiente, indicó que la incursión del crimen y la violencia no tienen que ver solamente con el cobro de derecho de piso, que viene de varias décadas, sino con el objetivo de alcanzar un “control total de la cadena productiva”.

Los temas del pollo en Guerrero y del enfrentamiento en el mercado de San Cristóbal representan una alerta de lo que puede venir a nivel nacional, pues dicho control no implica sólo el control del mercado, sino muchas consecuencias como el desmonte que está ocurriendo en Michoacán y en el Estado de México, que está derivando en una reconversión productiva orientada a monocultivos de aguacate y de papa, respectivamente.

Tal escenario implica no sólo la producción, sino aspectos como el control territorial, el paso de mercancía y de migrantes que se vuelven “mano de obra esclava” y además hacen un “doble negocio”, porque al desmontar obtienen las ganancias económicas de la venta de lo maderable, pero también el control y el lavado de dinero a través de sus industrias aguacateras.

Un fenómeno similar sucede en el Estado de México, donde también hay control de la fuerza de trabajo, zonas de trasiego e incluso “me tocó observar cómo personas ya tienen ese doble rol de talamontes y de trabajadores incorporados en el último eslabón del crimen organizado”.

Y no se trata de “exponer la situación en términos dicotómicos en el sentido de que ahora los trabajadores son los malos, porque es población a la que no le queda de otra”, pues son presionados si no se incorporan desde su comunidad a dar una cuota o a dar el pitazo ante la presencia de la policía o de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Arellano López advirtió que el hecho de que el gobierno siga siendo omiso en identificar en dónde “la economía del narco se encuentra guardada se reforzarán sus mecanismos de control social”.

La doctora doctora Tiana Bakic Hayden, académica del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, sostuvo que en los precios de los alimentos inciden ya los costos de la extorsión o del pago del derecho de piso, lo que hace que “tengamos un producto carísimo por las capas del crimen” que tienen que pasar”.

Si bien está claro que existen esos procesos de extorsión y sería importante entender cómo operan para fijar el precio de ciertos productos, también es cierto que los costos elevados de la gran mayoría de los productos se deben a las formas de intermediación comercial, a los modos de comercializar y de construir mercados de los alimentos en el sistema capitalista.

La opacidad es una característica de los sistemas alimentarios, sobre todo de los perecederos, por lo que es importante que el Estado garantice transparencia y que no haya prácticas monopólicas, especulaciones y acaparamiento.

La doctora Sara del Castillo Matamoros, integrante del Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia, señaló que en 28 de sus 32 departamentos hay presencia del crimen y enfatizó que de todos los líderes y lideresas asesinadas en los últimos años, la mayoría tiene que ver con el tema alimentario, pues son defensores de derechos humanos, de la restitución de tierras que han trabajado con las comunidades, las cuales han tenido que vivir la violencia del narcotráfico, entre otras situaciones críticas.

El asunto de la violencia y el sistema alimentario en Colombia es tan complejo y toca tantas aristas que “le ha costado aparecer en la agenda política”. Además, es un asunto sobre el cual no hay datos, a pesar de la evidencia profunda de la relación entre la cadena alimentaria y la violencia en los territorios.