• Juicios civiles y familiares son los asuntos que representan una mayor carga para los poderes judiciales estatales.

Por: Redacción/

El 15 de septiembre de 2017 se publicó la reforma constitucional en materia de Justicia Cotidiana que entre otras cosas facultó al Congreso de la Unión para expedir una legislación única en materia procesal civil y familiar, fijando para tal efecto un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma, sin embargo, después de casi cuatro años, esta legislación todavía no ha sido aprobada, destaca un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

La nota titulada “Aspectos a considerar en la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, elaborado por los investigadores Juan Manuel Rodríguez y Miguel Ángel Barrón, apunta que la nueva legislación deberá contemplar la implementación del juicio oral civil, mecanismos para garantizar la ejecución de las sentencias y la justicia digital, ésta última a través de figuras como el juicio en línea, las notificaciones electrónicas y los sistemas de gestión operativa.

Hasta la fecha se han presentado en el Congreso de la Unión tres iniciativas para expedir un CNPCF, las cuales se encuentran pendientes de dictaminación.

Adicionalmente, el 28 de abril de este año se aprobó en la Cámara de Diputados la creación del Grupo de Trabajo en Materia de Justicia Cotidiana, el cual tiene como objetivo identificar, revisar, analizar, modificar y proponer la armonización y la homologación de las leyes respectivas.

Según el documento del IBD, los juicios civiles y familiares son los asuntos que representan una mayor carga a los poderes judiciales estatales, pues tan solo en el 2020 representaron el 64% del total de expedientes y causas penales ingresadas en los tribunales del país.

En ese sentido, subraya que es importante que estos cuenten con procedimientos que les permitan tener una mayor eficiencia en su desempeño.