Por: Redacción/

Para garantizar los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas de la capital, el Congreso local aprobó este martes el dictamen que expide la Ley de los Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.

“Compañeras y compañeros diputados, aceptemos que durante años se ha errado legislativamente para desfavorecer a muchas comunidades de este país y de esta ciudad. Hoy pido su voto a favor de este dictamen para resarcir algunos errores del pasado hacia los pueblos originarios e indígenas”, señaló al presentar este dictamen la diputada Guadalupe Chávez Contreras, presidenta de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.

La legisladora del grupo parlamentario de MORENA afirmó que la consulta duró seis meses y abarcó reuniones y foros en los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de las 16 alcaldías, con base en un instrumento que surgió de dos iniciativos, una presentada por el diputado Mauricio Tabe Echartea, del PAN, y otra de su autoría, que permitieron conocer sus propuestas e incluirlas en este dictamen.

“En este país y en esta ciudad ser originario y ser indígena es un orgullo”, afirmó la diputada Chávez Contreras.

Por considerar que este dictamen no cumplía plenamente con su objetivo, de reglamentar los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución de la Ciudad de México, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, presentó una moción suspensiva, la cual no fue aprobada por el pleno del Congreso y se desechó.

Una ley histórica

Al razonar su voto, la diputada Donají Olivera Reyes, de MORENA, aseguró que con la aprobación de esta ley se salda una cuenta pendiente con el pueblo de México, y resaltó que la Ciudad de México es heredera de la grandeza de Tenochtitlán.

Destacó el amplio proceso de consulta realizado a los pueblos indígenas y barrios originarios, el cual enriqueció este dictamen, que contribuye a garantizar la equidad, diversidad y pluriculturalidad de la capital.

La diputada Lilia Rossbach Suárez, de MORENA, señaló que ésta es una ley de importancia histórica, que hace justicia a las demandas de los pueblos indígenas y ayuda al tránsito a una ciudad de derechos, así como a un México más incluyente y justo.

La diputada Valentina Batres Guadarrama, de MORENA, sostuvo que el proceso de consulta efectuado abarcó a más de 140 pueblos indígenas y barrios originarios, y que aporta a reconocer la pluriculturalidad que enriquece a la capital, además de ser “ejemplo de cómo legislar de la mano de la gente”.

La legisladora Margarita Saldaña Hernández, recordó que Acción Nacional trabajó arduamente desde la Asamblea Constituyente para que esta ley fuera una realidad, por ser una materia que no puede seguirse soslayando, y una legislación que vela por los intereses y los derechos de los pueblos indígenas de la Ciudad de México.

La congresista Guadalupe Chavira de la Rosa (MORENA), quien se ubicó como nativa de un pueblo originario de Milpa Alta, expresó que esta ley permitirá mejores esquemas de participación ciudadana, como un instrumento jurídico que da certidumbre a las comunidades indígenas.

El diputado Jorge Gaviño subrayó que está a favor de los pueblos indígenas, comunidades originarias y barrios históricos, y de reglamentar sus derechos a través de esta ley; sin embargo, criticó el artículo 60 del dictamen, referente a la integración del Consejo Consultivo y solicitó que éste tuviera un carácter ejecutivo.

El legislador Carlos Hernández Mirón afirmó que esta ley es resultado del esfuerzo colectivo de los pueblos indígenas, y que reconoce sus derechos históricos, los cuales no habían sido reconocidos antes, como parte relevante de una ciudad plurilingüe, pluriétnica y pluricultural.

A nombre de la fracción parlamentaria de MORENA, Carlos Hernández presentó reservas al dictamen, requiriendo modificar el artículo 58, adicionar un artículo 63 y un octavo transitorio, para establecer un órgano de implementación con personalidad jurídica y patrimonio propio, las cuales fueron aprobadas en el pleno del Congreso.

Por su parte, la diputada Margarita Saldaña reservó modificaciones a los artículos 29, 30, 58, 60 y adicionar un tercero transitorio, con la petición principal de definir una fecha límite para la creación del órgano de implementación y su ley orgánica, con el mes de enero de 2021 como fecha límite, las cuales no se aprobaron y fueron desechadas, al igual que las reservas del diputado Jorge Gaviño para cambiar los artículos 58 y 60.