• El embarazo no intencional y la violencia son dos aspectos que sobresalen en el amplio espectro de consecuencias negativas para las mujeres.

Por: Redacción/

Debido al confinamiento por la pandemia del COVID-19, muchas personas han dejado de asistir a los servicios de salud sexual y reproductiva, lo que provocará 145 mil 719 embarazos adicionales entre 2020 y 2021, incluidas 21 mil adolescentes gestantes adicionales respecto del año anterior, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), sostuvo la doctora Noemí Ehrenfeld Lenkiewicz, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La enfermedad agudizó aspectos críticos de la política pública en la materia y ha representado un retroceso en los avances logrados sobre planificación familiar, afirmó en el segundo ciclo de conferencias virtuales Aportes del Departamento de Atención a la Salud en el contexto de la pandemia por COVID-19, organizado por dicha instancia de la Unidad Xochimilco.

El embarazo no intencional y la violencia son dos aspectos que sobresalen en el amplio espectro de consecuencias negativas para las mujeres, además del incremento en la carga de trabajo y de cuidado, profundizando la desigualdad de género, debido a lo cual el enfoque de la salud pública requiere un carácter interdisciplinario que haga hincapié en la acción colectiva, pues “está demostrado que las iniciativas de cooperación entre los sectores de salud, educación, servicios sociales y justicia son necesarios para resolver problemas que por lo general se consideran netamente médicos”.

La profesora del citado Departamento de la UAM señaló que en los años 70 del siglo pasado México destacó en América Latina por sus acciones en materia de planificación familiar y regulación de la tasa de fecundidad.

Ahora se sabe que la salud reproductiva tiene que ver con la sexualidad y está ligada a la decisión de tener hijos, ya que ser madre toma una parte importante de años de la vida que se considera saludable; ese concepto pasa del ámbito medico al de la salud pública, pero no existe una visión de largo plazo que permita la continuidad de los métodos y las metodologías con que se recaba toda la información para valorar y evaluar las políticas gubernamentales sobre el tema.

Los servicios de calidad en el rubro implican una educación integral de las sexualidades, orientación y formación en planificación familiar, así como explicar todos los actos reproductivos, por lo que es preciso actuar con la mayor ética en la prestación de los mismos, detalló.

“Los métodos anticonceptivos deben ser gratuitos, confiables y satisfacer las distintas demandas de las mujeres, de acuerdo con su edad”, en tanto que la educación sexual integral se debe dar a partir del quinto grado de primaria.

Entre 35 y 40 por ciento de las mexicanas son jóvenes y si bien la tasa de fecundidad del país ha disminuido de 5.1 hijos en promedio en los años 70 del siglo pasado a 2.1 en la actualidad, la referida en específico a adolescentes no ha descendido, pues son las jóvenes de entre 18 y 19 años las que se embarazan.

Otros tema muy preocupante es enrolamiento de menores de edad en el mercado laboral para ayudar a sus familias; las uniones a edades muy tempranas, y la expectativa de que mujeres tan jóvenes tengan hijos, concluyó la investigadora, al dictar la conferencia Mujeres en pandemia, sexualidades y salud reproductiva en el ciclo organizado por el Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la Casa abierta al tiempo.